Inhabilitación de jueces prorrogados revela falencias en procesos pasados

El diputado por Comunidad Ciudadana (CC), Rodrigo Paz Pereira, señaló que la reciente inhabilitación de magistrados ilegalmente prorrogados en sus cargos, revela que en pasados procesos de elecciones judiciales no se cumplió de forma efectiva con la revisión de requisitos necesarios de los postulantes.
Para el parlamentario representante del departamento de Tarija es sorprendente y debe llamar seriamente la atención de postulantes que formaron parte de una instancia como el Consejo de la Magistratura, hayan sido inhabilitados por incumplir requisitos, incluso desde la convocatoria pasada.
“Se están develando situaciones que antes eran denuncias poco comprobables, porque no existía la oportunidad de sacar esa información de la justicia. Hoy en día, esa información está en el Parlamento revelando una serie de fallos que se han dado en el pasado sobre la justicia”, dijo.
En este sentido, Paz sostuvo que el trabajo de las comisiones mixtas encargadas de llevar adelante la preselección para la elección judicial es doble, pues aparte de controlar requisitos para el presente proceso, se deben revelar irregularidades de pasadas convocatorias.
“Con esto se certifica todo lo que el país ya sabía sobre toda esta corrupción judicial que se maneja en función de cargos y disposiciones que tiene que ver con favores políticos”, manifestó.
El miércoles se conoció que las postulaciones de los magistrados autoprorrogados, Olviz Egüez y Ángela Sánchez Panozo, fueron inhabilitadas por incumplir con la experiencia específica en el campo constitucional, a ellos se sumó el caso del exmagistrado, Zenón Bacarreza, conocido por haber habilitado la reelección indefinida en favor de Evo Morales, quien incumplió el requisito del idioma originario.
“Claramente la Comisión ha establecido que no cumplieron en el pasado proceso y, pese a ello, han sido ‘magistrados’. Esto es una señal enorme de irregularidades y nos da una claridad sobre cómo estamos yendo en el tema de la justicia”, insistió Paz.
A finales de la gestión 2023, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó prorrogar indefinidamente su propio mandato y de los otros altos tribunales judiciales del país, mismos que según la Constitución debían funcionar solo hasta el 31 de diciembre de ese año.
En criterio de Paz, éste y otros actos de los actuales magistrados en el país, hicieron que la gente haya dejado de creer en el Estado y en la Justicia, hecho que también se refleja en la baja presentación de postulaciones en género y autoidentificación indígena originario.
Sobre este tema, lamentó que las postulaciones de mujeres y profesionales que se autoidentifican como originarios sean mínimas, al grado de poner en duda la continuidad de la presente convocatoria.
“Los que deberían ser mayores protagonistas porque la Constitución les ha favorecido con el tema de género y origen indígena son los que menos están participando de este proceso, todo por la falta de credibilidad que se tiene en el sistema”, concluyó.
La senadora Centa Rek, de Creemos, advirtió ayer sobre un posible boicot y el fracaso del proceso de preselección de altas autoridades judiciales en el Parlamento, bajo el argumento que no se cumple con los requisitos de igualdad de género y autoidentificación indígena en la elección de nuevos magistrados de altas cortes.
Mediante una carta remitida al presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, Miguel Ángel Rejas Vargas, Rek señaló que se debe “buscar una solución pronta y oportuna y no permitir que el proceso se trunque y esto favorezca a las autoridades autoprorrogadas; conforme a la información obtenida se habría rechazado una posible ampliación del plazo para postulaciones para esas instituciones en aras de no seguir retrasando, ni alargando las elecciones judiciales, determinación asumida por dos tercios de la comisión mixta que usted preside, y que me parece bastante acertada debido a la emergencia judicial por la que atraviesa nuestro país y como parlamentarios no podemos permitir que los ‘autoprorrogados’ continúen ejerciendo funciones bajo pena de nulidad de todos sus actos”, señala parte de la nota.
La legisladora por Santa Cruz agregó que por esta oportunidad, “la equidad de género podría ser desestimada de forma extraordinaria debido la emergencia que la situación presenta; sumado al hecho de que la presentación de postulaciones es absolutamente voluntaria y una ampliación de plazo o declaratoria desierta no coadyuvaría en que la gente demuestre interés y presente su postulación, repito, por ser una decisión absolutamente voluntaria y por haberse dado igualdad de condiciones para la presentación de postulaciones, situación que es fortuita y en nada puede ameritar sindicación alguna de discriminación”.