Este próximo 23 de marzo se recordará el 145 aniversario de nuestra privación libre y soberana al acceso al mar, merced a una intervención armada, sin previa declaratoria de guerra, de parte del gobierno de Chile en 1879, fecha pertinente para reflexionar sobre el tema marítimo para Bolivia.
Somos conscientes de que cada 23 de marzo se rememora aquel fatídico hecho, como protesta por la invasión a territorio boliviano por tropas chilenas en 1879. Fue así que, a partir del 24 de abril de 2013, el Estado boliviano, presentó la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, máximo organismo judicial de solución de controversias del sistema de las Naciones Unidas, cuyo fallo se sabía era inapelable. De ese organismo recibimos un revés nunca imaginable, en el año 2018, del que nunca lograremos recuperarnos. Pero buscando culpables, ¿dónde están?
Es de conocimiento jurídico, que cuando se somete a un órgano jurisdiccional, en este caso del Derecho Internacional, un tema de transcendental importancia, tenemos que no solo confiar en que el pronunciamiento será en Derecho y Justicia, sino que su fallo será jurídicamente inapelable, por lo cual las estrategias a crear tendrían que ser conducidas a reconocer que es posible el fracaso o el triunfo. Sin embargo, todos fueron optimistas al principio y luego del fallo aún siguen creyendo que el hada madrina bajará del cielo y nos dará una luz de esperanza sobre algo que no tiene sentido jurídico continuar reivindicando.
Recordemos que el Art. 267 de la NCPE establece que el Estado boliviano declara su derecho irrenunciable e imprescriptible sobre el territorio que le dé acceso al océano Pacífico y que, además, la solución del diferendo marítimo, a través de medios pacíficos y el ejercicio pleno de la soberanía sobre dicho territorio, es objetivo permanente e irrenunciable del Estado boliviano.
Respecto a este artículo constitucional, dos aspectos a tomar en cuenta: primero, parte de la aprobación por referéndum en 2009, año en el que evidentemente tenía sentido jurídico, político, social y económico demandar una reivindicación marítima, “aun pensando particularmente que esa no era la vía para actuar, por sus consecuencias”, y segundo, luego del revés jurídico internacional en 2018, ¿qué grado de convicción uno puede tener sobre esos preceptos de reivindicación, cuando en realidad se dijo chau al mar, de hecho y en derecho?
Hablar del tema marítimo es muy sensible, aun así, se debe hablar y de frente al pueblo y convencernos de que cumplir el Art. 267 de la CPE es errado, porque estaríamos a merced de las decisiones de otros Estados, de que por diestra o siniestra se autorice el resquebrajamiento de su soberanía y eso, más en Latinoamérica, es prácticamente imposible y/o la irrenunciabilidad e imprescriptibilidad han sido vapuleados de hecho y derecho. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene?
Felizmente y para mi descargo, debo reconocer que el tema marítimo y la opinión vertida sobre el mismo, siempre estuvo orientado a encontrar soluciones jurídicas, a partir de propuestas razonables frente a este diferendo entre estados. Bien, desde el 2003, con mi defensa de tesis de grado, pasando por propuestas en mi calidad de ex representante diplomático de Bolivia, incluso me enfrenté en discusión con quienes otrora fueran los expositores máximos de la demanda internacional, a quienes finalmente se les pidió en diciembre 2017, que frente a la cercanía del fallo, al menos piensen en el discurso del ex mandatario y así se pudiera dar explicaciones justificadas y objetivas al pueblo boliviano en caso de un fallo negativo a nuestros intereses. Recibí de todos los jerarcas su desaprobación y soberbia, por creer ellos que el fallo iba a ser positivo para los intereses del Estado, pero ¿al final qué paso?
Como un boliviano convencido de que el pasado debe ser recordado porque es parte de la vida, pienso que lo principal es el presente y futuro por el bien de futuras generaciones, por lo que particularmente creo que el tema marítimo es el menor de nuestros problemas, porque vivimos sin él más de 140 años. Además, éste puede ser ampliamente resuelto cuando nos quitemos la máscara reinvindicacionista y comencemos a pensar en nuestros intereses como país. Y lo digo no porque no me sienta boliviano, que lo soy como una de las más de 154 variedades de papa, sino porque de hecho y por derecho nos quitaron la ilusión de pensar en retornar con soberanía al mar. Por lo cual para qué desgastarnos más. Además, ¿las instituciones públicas de reivindicación marítima qué hacen? Qué sentido tiene que continúen, ¿qué logros han obtenido?
Dicho lo anterior, por qué no mejor pensar en estrategias de integración del cono sur, políticas de afianzamiento del comunitarismo regional. ¿Por qué no pensar en estratagemas que nos unan más con nuestros hermanos chilenos o peruanos?, ¿por qué no convencernos de que juntos seremos mejores que separados?, ya que tenemos intereses comunes, y de esa forma construir países altamente fortalecidos.
Dos reconocidos e ilustres profesionales bolivianos que tuve la maravillosa oportunidad de conocer y aprender mucho de ellos, Felipe Tredinnick y Jorge Siles Salinas, me dijeron un día: “Si los políticos reconocieran y admitieran lo importante del proceso de integración para nuestro país, jamás llegaríamos a desgastarnos como nos estamos desgastando con Chile”. Nuestra Constitución nada dice de la reivindicación, pero si la expusiera, ¿cómo resolveríamos el problema si jamás dependerá de nosotros el retornar al mar cautivo?
El autor es Abogado PhD.