Desconocimiento del Senado a la prórroga judicial es un gran paso

Tras la aprobación en el Senado de una Resolución Camaral con la que se desconoce la gestión de los Magistrados “autoprorrogados” por ejercer un cargo “de manera ilegal” en el Órgano Judicial, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, señaló que esta determinación es un hito fundamental contra esta ilegalidad, restando iniciar los respectivos procesos contra las exautoridades cuestionadas.
Mediante sus redes sociales, Nayar destacó la posición asumida por el pleno del Senado, señalando que se trata de una acción fundamental contra la ilegalidad en la que incurrieron administradores de justicia, misma que confirma el sometimiento del sistema judicial al poder político.
“La resolución del Senado que desconoce a los autoprorrogados, marca un hito fundamental en la lucha contra la manipulación política de la justicia por parte del gobierno del Movimiento al Socialismo”, sostuvo.
En ese contexto, afirmó que los siguientes pasos deben ser conseguir que las exautoridades judiciales devuelvan los recursos percibidos por ocupar cargos que fenecieron y posteriormente se los procese hasta conseguir sanciones acordes al delito cometido.
“Ahora, que devuelvan la plata y vayan a la cárcel”, expresó Nayar desde sus redes sociales.
Esta semana, precisando que el período de funciones de las actuales autoridades judiciales debió terminar el pasado 31 de diciembre de 2023, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó una Resolución Camaral en la que se desconoce a los magistrados prorrogados ilegalmente en el Órgano Judicial.
“Se resuelve desconocer a todas y todos los ciudadanos que se encuentran ejerciendo de manera ilegal, los cargos de las y los magistrados del TCP, TSJ y Tribunal Agroambiental, además las y los consejeros del Consejo de la Magistratura”, señala un comunicado emitido desde el Senado.
Bancadas de oposición y representantes del ala “evista” en el MAS, destacaron esta medida señalando que se trata de una respuesta a la paralización en el tratamiento de las normativas “antiprórroga”, aprobadas por esta instancia y que hasta la fecha no son tratadas por la Cámara de Diputados, pese a los compromisos asumidos para este efecto.