Fiscalía y Policía son las únicas instancias receptoras de denuncias

Pidiendo que no se desinforme a la población sobre los mecanismos de denuncia en el Estado de Bolivia, la directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Daniela Cáceres, cuestionó que la Compañía de Jesús anuncie continuar recibiendo denuncias relacionadas a abusos contra menores y precisó que, la Policía Boliviana y el Ministerio Público son las únicas instancias encargadas de ese trabajo.
Esta semana, la Compañía de Jesús emitió un comunicado, expresando solidaridad con las víctimas de los abusos clericales y anunció que respetará las decisiones de la Justicia.
Asimismo se anunció continuar cooperando con las investigaciones en las siguientes fases del proceso por supuesto encubrimiento y recibiendo denuncias de más posibles víctimas de abuso.
“La Compañía de Jesús seguirá recibiendo denuncias y escuchando a las víctimas en su Centro de Escucha y Atención, así como aplicando los nuevos protocolos de prevención que ha desarrollado o está desarrollando en todas sus obras en Bolivia”, señala parte de este comunicado.
Al respecto, Cáceres aclaró que en el Estado Plurinacional de Bolivia se cuenta con normas claras respecto a las instancias receptoras de denuncias y que en el país solo existen dos, el Ministerio Público y la Policía Boliviana.
En ese sentido, solicitó a instancias de la Iglesia, “no mal informar a la población y reencaminar los canales de denuncia”.
La funcionaria también informó que dentro del caso denominado “Padre Pica”, en el que se investigan delitos de Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente y Abuso Sexual, cometidos en contra de menores de edad, el Juzgado de Violencia Familiar No. 1 de Coña Coña, Cochabamba, en audiencia de consideración de imputación y aplicación de medidas cautelares para dos sacerdotes (exprovinciales de la Compañía de Jesús), investigados por el delito de encubrimiento, se determinó que deben cumplir detención domiciliaria y arraigo, entre otros.
“El Ministerio Público fundamentó el presupuesto material de forma detallada y precisa, respaldando los hechos con los elementos indiciarios recolectados, historia, catálogos, informes, certificaciones, inspección, actas haciendo énfasis en las declaraciones de víctima e informes psicológicos emitidos por la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos, precisando con identificación de fechas y momentos precisos cuando los imputados en su condición de Provinciales Superiores tuvieron conocimiento de los hechos de agresión sexual cometidos, no solo por Pedrajas, sino también por otros jesuitas, hechos registrados entre los años 1970 y 1990”, explicó.
Señaló además que, ante la imputación presentada por el Ministerio Público, la autoridad jurisdiccional determinó que los dos investigados dentro del caso cumplan medidas cautelares personales, entre ellas, prohibición de comunicarse con personas determinadas, prohibición de salir del país o del ámbito territorial que se determine, sin autorización judicial previa, a cuyo efecto se ordenará su arraigo a las autoridades competentes y detención domiciliaria en el lugar en el que habitan.
“Estas dos personas tenían la obligación y el deber de cuidar que las diferentes obras de la Comunidad Jesuita entre ellos del Colegio Juan XXIII y el Noviciado se cumplan en un ambiente seguro y de protección absoluta de todos los internos, entre otros indicios que continúan siendo investigados”, dijo Cáceres.
Desde la Compañía de Jesús, se señaló que no existirá un pronunciamiento sobre el alcance de las medidas sustitutivas recientemente dispuestas por autoridad competente, sin embargo, se desea hacer notar que no existe ningún riesgo ni posibilidad de fuga u obstrucción de la justicia por parte de los sacerdotes acusados por tratarse de dos adultos mayores, ambos de más de 80 años, con salud frágil y un largo historial de servicio al país y a la Iglesia Católica.
“Ambos se han puesto en todo momento a disposición de la justicia y han colaborado decididamente en las investigaciones del Ministerio Público, tanto por voluntad propia y representados por sus abogados, como por decisión de la Compañía de Jesús, a la que normativamente pertenecen y en cuya Casa ‘La Esperanza’ de Cochabamba tienen residencia fija, junto a otros sacerdotes ancianos”, se indicó.
En ese contexto, se volvió a destacar la importancia de priorizar el apoyo para víctimas de abusos sexuales, sean clericales o de otros ámbitos, ya que ellas y la protección de los niños, niñas y personas vulnerables deberían ser el centro de la atención del Estado, de la sociedad y de las distintas confesiones religiosas.