Erogaciones onerosas por juicios contra el Estado

Desde el año 2006, cuando el MAS se hizo cargo del gobierno, se dio rienda suelta al afán de nacionalizar, estatizar o expropiar, sin pensar en las consecuencias por las indemnizaciones que se debía pagar a compañías extranjeras perjudicadas con esa medida. El Gobierno, al anunciar la expropiación de una empresa, alegaba que quienes han explotado bienes en el país “se han enriquecido lo suficiente como para reconocerles indemnizaciones”. Pero esas empresas iniciaron juicios contra el país, exigiendo compensaciones y, en varios casos, por montos superiores a sus inversiones. Producidos los juicios arbitrales, generalmente los fallos favorecieron a los despojados de sus bienes.
Lo concreto es que Bolivia pagó millones de dólares por indemnizaciones debido a procesos de expropiación. Estos juicios arbitrales, algunos con acuerdos para disminuir las cifras exigidas por las empresas expropiadas, drenaron las arcas nacionales. Lamentablemente, los gobiernos masistas durante años no han comprendido que nacionalizaciones y expropiaciones tienen alto costo, porque se ahuyenta a inversionistas. Y se pudo haber usado el dinero de las indemnizaciones para obras de real importancia.
No obstante, a esas erogaciones onerosas se suman otras, por juicios iniciados en tribunales internacionales debido a atentados contra derechos humanos. En ese sentido, hace poco se supo que el Estado tiene que pagar dos millones de dólares a la familia del ciudadano irlandés Michael Martin Dwyer, quien fuera victimado junto a los también extranjeros Eduardo Rózsa Flores y Arpad Magyorosi en el Hotel Las Américas de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en abril de 2009. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), los tres habrían sido torturados y ejecutados por una fuerza armada, durante el gobierno de Evo Morales.
Por lo que se sabe, contra esos acusados de terrorismo se hizo un violento operativo policial, pero sin orden judicial ni presencia de fiscal. Tampoco hubo declaraciones de los policías del operativo, ni inspección ni reconstrucción de los hechos, por lo que el caso no ha sido esclarecido totalmente. Además, a los 39 sindicados por el denominado “caso Terrorismo” no se les respetó sus derechos fundamentales y algunos se vieron obligados a aceptar culpas para salir de las cárceles.
Por ese operativo y otros apresamientos irregulares varios de los acusados por terrorismo han hecho demandas contra el Estado boliviano ante tribunales internacionales. Esas sentencias implican considerables indemnizaciones, las cuales serán difíciles de cumplir ahora que la situación económica del país es delicada. No olvidemos que, en otros juicios, como los relacionados con la demanda marítima y las aguas del Silala ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), se hizo también erogaciones millonarias sin resultados positivos.
Lo peor es que los gobernantes que instruyeron expropiaciones, operativos policiales y demandas judiciales en el exterior hasta ahora no son motivo de investigaciones y procesos legales para esclarecer responsabilidades por tan enormes pérdidas económicas para el país.