Caso Hotel Las Américas dejó 12 procesos al Estado

Los hechos del denominado caso “terrorismo”, ocurridos en el Hotel Las Américas de la capital cruceña en 2009, dejaron un saldo de 12 denuncias contra el Estado por vulneración de derechos humanos durante el gobierno de Evo Morales; asimismo, varios de los detenidos en el operativo declararon haber sufrido serios problemas de salud, como secuelas y ahora exigen justicia.
El Estado boliviano tiene, sobre sus espaldas, 12 denuncias en su contra por algunos de los procesados en el caso “terrorismo”, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Las denuncias fueron hechas a raíz de que, durante el gobierno de Morales, se violaron derechos humanos de ciudadanos bolivianos y extranjeros, en un operativo policial que fue autorizado por el exmandatario.
El caso está radicado como “inicio de investigación” y tiene como base la denuncia formalizada de los dos únicos sobrevivientes del ataque, Elöd Tóásó y Mario Tadic, de acuerdo con información de El Deber.
El abogado, Gary Prado, manifestó que el actual presidente, Luis Arce Catacora, debe cumplir con las cuatro recomendaciones que emitió la CIDH en 2021, en las que falló a favor de los denunciantes al mencionar que Bolivia debe compensarlos económicamente, e imponer sanciones a los responsables por graves violaciones de derechos humanos. Por tanto, Morales y gran parte de sus autoridades deben ser procesadas.
El expresidente de la cooperativa Cotas, Ronald Castedo, manifestó que, si bien se encuentra en proceso de recuperación de su salud, sufrió un deterioro progresivo de su corazón por efecto del estrés y la reducción de su patrimonio.
El 17 de septiembre de 2011, Castedo fue declarado clínicamente muerto. Por el tiempo que llevaba en terapia intensiva, sus allegados le realizaron un necrológico, pues sufrió dos infartos simultáneos en el hospital.
Por su lado, Prado comentó que el caso fue parecido a una “cacería de brujas”. Aseveró que la situación de Castedo fue una de las más graves porque su disfunción cardiaca lo obligó a ser tratado como una persona con discapacidad, pero esto no ocurrió.
“Lo trataron como si estuviese sano igual como los demás, lo obligaban a ir a permanecer las ocho horas de audiencia, lo hicieron ir a Cochabamba y Tarija, ciudades de altitud donde su corazón no tenía la misma capacidad. Le violentaron el derecho humano a la vida y a la integridad, que hizo agravar su situación”, remarcó.
Prado sostuvo además que este “calvario judicial” dejó secuelas de tortura en la vida de los excoacusados, Juan Carlos Guedes, Alcides Mendoza e Ignacio Villa Vargas, quien falleció hace dos años.
Guedes afirmó que se recupera gradualmente luego de diez años y medio de detención preventiva. Su encarcelamiento en San Pedro, lugar que calificó como un “pequeño campo de concentración”, mermó su presión ocasionándole problemas cardiovasculares. Además, fue diagnosticado con diabetes por la alimentación que recibió.
La tarde del 28 de abril de 2009, Guedes se dirigía con su esposa, Martha Landívar, a recoger a su hija del colegio, cuando fue interceptado por agentes de la extinta Unidad Táctica de Resolución de Crisis (Utarc), quienes lo tumbaron al suelo y lo golpearon en la espalda con la culata de un fusil, mientras otro agente tenía un pie sobre su cabeza. También relató que su esposa sufrió agresiones por un uniformado que ahora es coronel.
“MATANZA EXTRAJUDICIAL”
La madrugada del 16 de abril de 2009, un grupo de agentes de inteligencia de la Utarc irrumpieron en el Hotel Las Américas, ubicado en la calle 21 de Mayo de la capital cruceña, donde ejecutaron a tiros al boliviano-húngaro, Eduardo Rózsa Flores, al húngaro-rumano Arpad Magyaroisi, y al irlandés, Michel Dwyer.
Asimismo, Tóásó y Tadic resultaron ilesos y recientemente anunciaron que el Estado abrió un proceso contra los responsables de las ejecuciones y otras vulneraciones de derechos humanos, a recomendación de la CIDH.
Según afirmó el Gobierno, el operativo fue efectuado con el objetivo de desarticular a una supuesta “célula terrorista” en Santa Cruz, presuntamente contratada por líderes opositores que habrían conspirado para instaurar un plan separatista y cometer magnicidio en contra de Morales.
Como resultado, 39 personas fueron procesadas y más de 300 individuos fueron llevados a La Paz para brindar declaraciones, lo cual dio inicio al mencionado “calvario judicial”, que cambió la vida de estas personas.
Con la acefalía de poder de 2019, el Ministerio de Gobierno, entonces a cargo del exministro, Arturo Murillo, se retiró como parte demandante del proceso, quedando como única acusadora la Fiscalía. Esta entidad del Estado también retiró su denuncia luego de que el exfiscal a cargo, Marcelo Sosa, recibiera una condena de 12 años de cárcel por los delitos de uso indebido de influencias y concusión.
El 4 de febrero de 2020, luego de una audiencia, el juez Sixto Fernández dictó la extinción del caso “terrorismo” y absolvió a los 39 procesados, incluidos los exiliados y las seis personas que se declararon culpables tras someterse a juicio abreviado.
Juan Carlos Guedes, quien también es exintegrante de la Unión Juvenil Cruceñista, comentó al matutino cruceño que el 16 de abril de 2009 ocurrió una “matanza extrajudicial de muchachos que no tenían ni la más remota idea de lo que estaba pasando”.
Asimismo, considera que el caso “terrorismo” fue un caso inventado por el Gobierno con el objetivo de “someter a un pueblo valiente”. El entrevistado reveló que negoció un monto de $us 766.000 por daño material e inmaterial de manera escrita.
Aunque “las propuestas para ir a un proceso abreviado siempre estuvieron latentes”, nunca consideró renunciar y declararse culpable. “Yo tenía que llegar al final de esta historia porque si yo me declaraba culpable no podría mirarme al espejo, ni podría responderle a mis hijos, pero aquí estoy para explicarles mi ausencia en los diez años que estuve encarcelado”, expresó.