Deforestación y despojo de tierras a pobladores

En nuestro medio, particularmente desde el año 2006, han proliferado los discursos oficialistas en sentido de que se debe defender la naturaleza, que hay devoción a la pachamama y otras frases que, sin embargo, resultan huecas cuando se presentan problemas tan graves como los incendios intencionados de bosques, los avasallamientos en áreas con rica vegetación, para expandir cultivos, hasta de coca, o extraer oro de ríos de parques nacionales, dejando a cambio contaminación y deterioro de la tierra.
En Bolivia hay reservorios naturales que, desgraciadamente, no son manejados de manera adecuada, a pesar de ser espacios geográficos de diversidad biológica y paisajes de belleza singular, que merecen un trato especial, así como políticas serias. Sin embargo, el año pasado poblaciones indígenas del norte paceño, de Beni y de Santa Cruz fueron afectadas por los incendios forestales que han dañado su territorio, su alimentación y agua. En el Parque Madidi, varios pueblos lucharon contra las llamas que destruyeron bosques y viviendas. En zonas de Santa Cruz la situación fue similar, hasta en áreas protegidas.
Lamentablemente, en esos grandes territorios con bosques y biodiversidad, en los últimos años hay alarmante deforestación. Al respecto, la organización de monitoreo Global Forest Watch, informó recientemente que Bolivia ha perdido casi 700 mil hectáreas de vegetación el año pasado. Otro organismo, la Fundación Tierra, reveló que casi el 80 por ciento de las emisiones de carbono (CO2) se deben a desmontes y agricultura mecanizada. La expansión de la frontera agrícola, particularmente en Santa Cruz, derivó en mayor deforestación y varios problemas, como “degradación de suelos, descertificación, erosión y pérdidas de fertilidad”. También por la tala indiscriminada, el calor aumenta, disminuyen las lluvias, etc.
A esos problemas se suma que ahora indígenas y comunarios son despojados de sus tierras, debido a la expansión agrícola y la minería ilegal. Es decir que por el modelo económico extractivista y el agronegocio son obligados a migrar rumbo a las áreas urbanas. Por otra parte, las concesiones mineras causan enormes perjuicios a los habitantes de algunas comunidades, debido a la falta de protección del Estado a sus territorios, ya que no se ha frenado la extracción irregular de recursos mineralógicos. Lo peor es que en zonas apetecidas por la minería ilegal, se llega a agredir a comunarios. No se toma en cuenta que los mineros ilegales contaminan el agua, deterioran la tierra y hasta agreden con armas de fuego y dinamita a quienes se atreven a protestar por los avasallamientos.
Por todo lo relatado, se advierte, en particular, que el sector minero tiene enorme poder dentro del Estado, en desmedro de quienes viven en zonas donde hay minerales y que poco pueden hacer para defenderse ante avasalladores inescrupulosos.