¿Qué dicen los 19 contratos mineros que están a punto de ser aprobados en la Cámara de Senadores? ¿A quién benefician? ¿Dónde son las concesiones por 30 años? ¿Qué minerales extraerán? ¿Qué técnicas utilizarán? ¿Cumplieron con los requisitos legales? Esas y otras preguntas serán respondidas a continuación en base a declaraciones de la senadora ambientalista Cecilia Requena y a información lograda por Sumando Voces en las comisiones que trataron este tema.
1. ¿Por cuántos años serán las concesiones mineras?
Por 30 años.
2. ¿Dónde se ubican las concesiones mineras?
Todas están ubicadas en el departamento de La Paz: 13 en la provincia Inquisivi, cuatro en Larecaja, una en la provincia Loayza y una en la provincia Murillo. En cuanto a municipios, 11 están en Inquisivi, dos en Teoponte, una en Sorata, una en Quime, una en Guanay, una en Cajuata, una en Malla y una el municipio de La Paz.
3. ¿A quién benefician los 19 contratos mineros?
Los 19 contratos benefician a los cooperativistas mineros de La Paz, concretamente a los auríferos. Las cooperativas que recibirán los contratos son Malla (1), Unión Machaca (1), Sol del Valle (1), Chaquety La Plaza (3), Narcis Punta (1), Palma Flor Chaquety (2), Japo (1), Pacha (1), Asunción (1), Elena Pampa Río Chaketey (1), Pioneros de Mayaya (1), Wiñay Wara (1), Pauchenta (1), Villa Santiago Crestón (2), Panqara de Meguillas (1).
4. ¿Qué minerales explotarán?
17 contratos son para explotar oro, uno para extraer oro y cuarzo y uno para zinc, plomo y plata.
5. ¿Qué métodos utilizarán para la explotación?
Según sus planes de trabajo, al menos cinco utilizarán mercurio, al menos seis harán uso de explosivos y muchos planes no especifican el método que utilizarán.
La senadora Cecilia Requena dice que los planes “hablan de explosiones, de uso de mercurio, de retortas, que es otra forma de reciclar el mercurio; hablan de procesos complejos de cianuración, que bien hechos podrían ser una respuesta, y mal hecho serían letales; explosiones que podrían cambiar cursos de agua si no se hacen bien, pueden generar deslizamientos”. En su criterio, esto demuestra que se practicará “una minería brutal sin los debidos controles”.
6. ¿Las cooperativas presentaron algún estudio ambiental?
Ninguna de las cooperativas presentó ningún estudio ambiental, pese a que la Ley Minera, en su artículo 93, inciso C, indica que deben presentar un estudio ambiental con enfoque multisectorial. La norma, textualmente dice: “En proximidades de cabeceras de cuenca, lagos, ríos, vertientes y embalses, las restricciones se sujetarán de acuerdo a estudios ambientales con enfoque multisectorial”.
Tal es así que, en los contratos, en la cláusula décima séptima, los mismos cooperativistas reconocen que deben presentar ese estudio ante la AJAM. Justamente, por la ausencia de este requisito, los contratos, el año pasado, fueron rechazados en el Senado, pero luego volvieron, aunque ya no los 23 que estaban en carpeta, sino solo 19.
Según la senadora Requena, la AJAM asegura que los contratos son legales y que no tienen ninguna observación porque el citado artículo no está reglamento y por tanto no se aplicaría. Sin embargo, la ley fue aprobada hace 10 años, por lo que, sostiene la Senadora, hubo tiempo de sobra para la reglamentación.
Pese a las observaciones, los contratos fueron remitidos nuevamente por la AJAM sin ese requisito, incumpliendo la Ley Minera que obliga al Ejecutivo a hacer los ajustes solicitados por la Asamblea, explica Requena.
“No puede ser porque la AJAM no haga una reglamentación, ellos mismos nos vuelven a enviar los contratos sin modificación”, indica Requena.
La legisladora dice que cuando preguntó por el estudio, un dirigente minero, y no así las autoridades de Minería, replicaron que no corresponde la presentación del estudio porque no está reglamentado y con esa respuesta, la Comisión de Economía Plural procedió a aprobar los contratos.
Un estudio multisectorial implica prever los posibles daños al medio ambiente, a las condiciones económicas, sociales y hasta culturales de las comunidades para prever la mitigación.
7. ¿Algún contrato involucra a áreas protegidas?
Ninguno coincide con áreas protegidas nacionales, pero según Requena, no se puede saber con precisión si afecta a áreas protegidas municipales. La legisladora reclama porque el trabajo de georreferenciación lo tiene que hacer la Asamblea puesto que Minería envía los contratos sin esa información.
8. ¿Cómo fue el proceso que siguieron los contratos en la Asamblea Legislativa?
El año pasado fueron rechazados luego de las observaciones encabezadas por Requena. Posteriormente, la ley que los aprueba en paquete fue repuesta en la Cámara de Diputados, donde fue aprobada.
Este mes, el proyecto llegó a la Cámara de Senadores y de inmediato fue remitido a la Comisión para su tratamiento. La senadora Requena asegura que el plazo, impuesto por la propia ley de que estos contratos deben ser aprobados en 90 días, ya había sido vencido en Diputados, por lo que no debió ser aceptado el proyecto en Senadores.
La Cámara de Diputados envió una interpretación indicando que el plazo corre, no desde la reposición, sino desde el envío a comisiones, por lo que el presidente del Senado dio por válida la explicación y dio curso al proyecto.
La Comisión de Economía Plural aprobó los contratos en tiempo récord, incluso sin tener los documentos a la mano. Sin embargo, la Comisión de Medio Ambiente, de la que forma parte Requena, emitirá otro informe. Ambos documentos serán puestos a consideración del Senado probablemente este mismo miércoles, cuando está convocada la sesión.
9. ¿Cuáles son los riesgos si es que estos contratos se aprueban?
Además de los daños ambientales, la senadora Requena advierte que con estos contratos se sienta un precedente funesto y que, en adelante, los mineros querrán hacer aprobar más concesiones. De hecho, indica que, en la sesión de la Comisión de Economía Plural, uno de los dirigentes mineros le dijo que, después de estos 19 contratos, vienen otros 3.000.
10. ¿Qué normativas se vulneran con estos contratos?
La senadora Requena indica que la vulneración a la Ley Minera es grave porque implica a varios artículos de la Constitución, además de pasarse por alto otras leyes, como la de la Madre Tierra. (Brújula Digital)