En su nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional expresó su persistente preocupación en Bolivia por la falta de justicia independiente y la inacción del Gobierno en esclarecer o reparar hechos de violación de derechos humanos.
Entre otros temas, resaltó la afectación a poblaciones indígenas por la minería no regulada, agresiones a periodistas y desprotección a organismos defensores como la Asamblea Permanente, presidida por Amparo Carvajal.
El informe señaló que, luego de la visita a Bolivia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en marzo, esta organización expresó una “preocupación especial” por la falta de independencia del Órgano Judicial. Asimismo, observó que las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos avanzaron “poco” y que el Gobierno no implementó un programa de reparación integral.
También remarcó que “las autoridades no actuaron para proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos”, haciendo referencia al asalto de oficinas de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) por parte de “personas presuntamente vinculadas con el partido gobernante”, lo cual derivó en que Carvajal, de 84 años, emprendiera una vigilia de 52 días en las afueras de su oficina.
En otros temas, se hizo énfasis en que el Gobierno anunció medidas de reducción de exposición a mercurio para pueblos indígenas afectados por la minería no regulada, pero no brindó mayores detalles de su implementación. “Mientras tanto, las autoridades seguían autorizando nuevos proyectos de extracción de oro, lo que aumentaba el peligro de contaminación por mercurio para las comunidades”, lamentó.
En este sentido, el informe enfocó su observación a la “pasividad” del Gobierno para derogar legislaciones que favorecen la deforestación, así como la inacción para mitigar los efectos de los incendios forestales y el cambio climático.
En cuanto a libertad de expresión, Amnistía Internacional citó denuncias hechas a la Defensoría del Pueblo sobre casos de abuso policial en protestas por la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y recalcó que organizaciones civiles reportaron 75 casos de agresiones o acoso a periodistas.