Situación de DDHH cayó a un nivel nunca antes visto

La situación de los derechos humanos en Bolivia ha ido decayendo en el país a niveles nunca antes visto, ni siquiera durante la época de la dictadura, debido a la desinstitucionalización del Estado por la mala administración de justicia, violación a los derechos humanos vía contaminación del medio ambiente y persecución política, afirmó el experto Franco Albarracín.
Explicó que la toma de la oficina central de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) en La Paz, representa un símbolo que ha estado presente desde la época de la dictadura. Hoy la casa de los Derechos Humanos está asediada por la Policía, reflejando que los derechos humanos están siendo cooptados, transgredidos y lastimados.
Entrevistado por Erbol, Albarracín sostuvo que, aunque en la época de la dictadura se producían ataques directos a los defensores de derechos humanos, en el contexto actual hay una persecución política que emerge de una crisis institucional, de una crisis de Estado de Derecho y, sobre todo, de una crisis del Órgano Judicial.
Destacó que el principal problema es la falta de independencia del Órgano Judicial y cómo, a partir de esta crisis institucional en la administración de justicia, se observa un efecto derrame en la mayoría de los demás derechos humanos, principalmente en relación al derecho de acceso a la justicia y al derecho al debido proceso.
Albarracín señaló que la falta de independencia de jueces, fiscales y la ausencia de una policía independiente, han motivado un contexto de persecución política que se ha registrado en los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Áñez y en el gobierno de Luis Arce.
Aclaró que lo afirmado no es de su autoría, sino que son diagnósticos de Amnistía Internacional, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Relatoría sobre Independencia de Jueces y Magistrados de Naciones Unidas, Human Rights Watch y todos los organismos internacionales y ONG nacionales que también trabajan en esa temática.
Sostuvo que la toma de la Asamblea fue una estrategia utilizada en Venezuela y Nicaragua, que en Bolivia se aplicó paso a paso para anular a los activistas y generar organizaciones paralelas.
El experto señaló que la desinstitucionalización de la justicia ayudó a casos emblemáticos como del exdirector del Fondo Indígena, Marco Antonio Aramayo, quien fue perseguido en los gobiernos de Evo Morales, Jeanine Añez, y terminó falleciendo en la gestión de Luis Arce. También se suma el caso del dirigente de Adepcoca, César Apaza, víctima de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes, tal como informó la propia Defensoría del Pueblo.
Mencionó que también hay casos de persecución política contra exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Añez y hoy se ve lo mismo contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y contra los propios dirigentes del MAS afines al expresidente Evo Morales.
Sostiene que el gobierno de Luis Arce sabía que venía una fuerte crisis económica y necesitaba neutralizar a la Asamblea Permanente para que nadie denuncie violación a los derechos humanos.
Afirma que, tomando en cuenta estos aspectos, se puede considerar que “en Bolivia estamos en esa situación, lamentablemente”, tanto que al gobierno ya no le preocupa tener informes negativos de monitoreo internacional porque violar los derechos humanos se ha vuelto normal. (Erbol)