El docente universitario, investigador y asesor legal, Oscar E. Villanueva L., plantea que Bolivia está regida por una “juridicocracia”, al haberse convertido el Órgano Judicial en un “elemento de manipulación” con la intención de buscar fines contrarios a la ley y contradictorios con la seguridad jurídica del Estado, ocasionando una legítima desconfianza e incertidumbre. En tal sentido, considera urgente un nuevo liderazgo que se sincere con el pueblo y el planteamiento de una verdadera reformulación del Estado.
La “juridicocracia” consiste en que los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) toma determinaciones judiciales “a medida” de acuerdo a intereses del Órgano Ejecutivo, rompiendo así el principio básico del Derecho que es buscar el equilibrio y evitar el quebrantamiento de la Ley, cuyos claros ejemplos son la anulación del Parlamento y de las elecciones judiciales, avalados por fallos del TCP.
En entrevista exclusiva con EL DIARIO, Villanueva explicó que apropió este término al considerarlo más pertinente que la noción de “judeocracia” utilizada por el expresidente, Jorge Quiroga, para explicar lo que viene ocurriendo desde hace años no solo en el país, sino en naciones vecinas como Perú, Venezuela y Nicaragua.
“En Perú, el Legislativo ha manipulado totalmente al Tribunal Constitucional, entonces éste es totalmente servil; lo ilegal que hace el Legislativo, lo legaliza el Tribunal Constitucional. Aquí se está yendo por una idea parecida, ha pasado en Nicaragua y ha pasado en Venezuela. Estamos yendo por un camino bastante peligroso y muy incierto”, mencionó.
Le parece preocupante el “silencio ensordecedor” de varios sectores del país que parecen no percatarse de la inminente situación que viene ocurriendo desde hace mucho antes de la gestión del actual mandatario, Luis Arce. El académico recordó que la caída del expresidente, Evo Morales, inició con las protestas del sector médico sobre reformas al Código Penal, acciones que posteriormente derivaron en los conflictos sociales de octubre de 2019.
Si bien agregó que siempre presume la buena fe de las autoridades, como dicta un principio del Derecho, reconoció que “el Gobierno no está diciendo la verdad, tanto en temas de economía como de política; nos están queriendo hacer creer que todo está bien, pero hay cosas sesgadas”.
En esa línea, aunque el Gobierno tenga buenas intenciones en la promulgación de sus leyes o decretos, es “peligroso” y llama la atención que el Ejecutivo necesite usar al Órgano Judicial como una “herramienta de legalización” de sus intereses.
INSEGURIDAD JURÍDICA
Entendiendo la seguridad jurídica como el precautelo del orden y la ley por parte del Estado, para Villanueva “es un peligro que el Estado sea el principal infractor de la Ley”, refiriéndose a la susceptibilidad e incertidumbre provocadas por el presidente, Luis Arce Catacora, su gabinete e incluso autoridades regionales, toda vez que no garantizan la seguridad de los derechos individuales y ponen en vilo la tranquilidad de la población.
“Si sacamos leyes dudosas, si me estoy pasando la CPE constantemente y estoy haciendo interpretaciones antojadizas de la norma, entonces eso rompe la seguridad jurídica. Y eso afecta en todos los niveles de la vida cotidiana del Estado. Ahí tengo una estructura complicada con un Estado que no me garantiza esto”, explicó.
Sumado a esto, está el hecho de que el TCP es la máxima entidad para fallar sobre la constitucionalidad de una ley o decreto. Si, por ejemplo, el decreto de Derechos Reales, llega a esta instancia y el TCP falla que tal documento es constitucional o legal, “no hay nada más que hacer”, pues el Ejecutivo podrá aplicarla argumentando que el Tribunal la legalizó y viabilizó su aplicabilidad, subrayó.
Citando el caso reciente del Decreto Supremo 5143, de modificación a la legislación sobre Derechos Reales, Villanueva considera que el Gobierno debió (hacer transparente) su discurso y aclarar a la población las intenciones de modificar la ley, pues, en este caso, se generó una marcada zozobra en la población al no garantizar la seguridad de su derecho a la propiedad privada.
Por otra parte, otro factor del problema es la completa falta de liderazgo político. “Como ciudadanos estamos perdidos. La masa de ciudadanos que pueden no estar metidos en política, no tiene un camino, porque tampoco hay liderazgos. No hay líderes opositores como tampoco hay líderes en el oficialismo. Seguimos reciclando”, opinó.
PROPUESTAS: SINCERIDAD Y TRANSPARENCIA
Villanueva plantea que en Bolivia urge que el Estado se sincere y sea honesto hacia el pueblo. “Sin seguridad jurídica vamos a seguir desconfiando. (Hacer) transparentes las instituciones y leyes, evitar vulnerabilidades, permitir que cada órgano del Estado tenga su debida independencia sin injerencias de ningún otro órgano del poder: eso es lo que necesitamos”.
En tal sentido comentó que, si Arce se sincerara con la población, “podría hacer un buen gobierno” bajo el riesgo de hacerse “impopular” ante el “sacrificio” que supondría esta actitud. “Todo depende de él. Pero si queremos seguir manejando el discurso de ficción, (diciendo) que todo está bien, que el país sigue en bonanza económica, o que la oposición es la responsable, no vamos a llegar a ningún lado”, lamentó.
En este panorama de “juridicocracia” e inseguridad jurídica, agregó que es necesaria una profunda reforma del Estado, no solo en lo judicial, sino en todos los ámbitos, ante un desgastado modelo que aqueja al país no solo desde la gestión de Arce o del Movimiento al Socialismo, sino desde hace otros gobiernos atrás. Para el entrevistado, el MAS prometió un cambio que nunca llegó, pues la población sigue desconfiando de la clase política y las instituciones, tal como lo hacía antes de la hegemonía del partido azul.
“En el 2006 la idea era hacer una refundación del Estado. La clase política nos prometió un cambio, una refundación del Estado que no se ha dado. Desde la aprobación de la Constitución en 2009, a la fecha, no tenemos confianza en las mismas instituciones que se desconfiaba antes de la crisis. Seguimos desconfiando en la clase política, en el Poder Judicial, en los mecanismos de seguridad, en los Órganos del Estado. Seguimos reciclando clases políticas sin aparición de liderazgos”, expresó.
El docente e investigador mencionó que el político que se anime a plantear un “pacto social” verdadero y real llegará seguramente a gobernar el país en las próximas elecciones. “Este país tiene todo y puede vivir de lo que quiera, pero tiene una voluntad política nula en crecer”, agregó. El experto mencionó que Bolivia necesita un nuevo líder con conocimiento de política social, un profesional que haga transparentes las instituciones y que devuelva al Estado la seguridad jurídica que hoy agoniza día a día.
En medio de toda la polémica, el Gobierno sostiene que existe una “campaña de desinformación” para desprestigiar, desestabilizar y “boicotear” su gestión. Asimismo, Arce ha manifestado reiteradamente que existe una alianza entre la vieja y la “nueva derecha” para impedir el crecimiento económico del país, tanto en el Parlamento como en espacios de la opinión pública.
