Presidenta de Georgia veta ley de agentes extranjeros

La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, anunció ayer su veto a la ley de agentes extranjeros que desató una ola de protestas contra el Gobierno georgiano y el rechazo de la Unión Europea y la OTAN al entender que se trata de un reflejo de leyes similares en Rusia, diseñadas para aplastar a la disidencia.
“Hoy he vetado la ‘ley rusa’; una que, en esencia, contradice nuestra Constitución y todas las normas europeas y representa un obstáculo para el camino europeo”, hice saber a la presidenta de Georgia en un discurso ante el país y publicado en la web oficial.
Zurabishvili, añadió que este veto está legalmente justificado y fue enviado ante el Parlamento, en una decisión que provoca un nuevo encontronazo entre la presidenta y el partido del Gobierno, Sueño Georgiano, que impulsó esta medida y que en principio estaría capacitado para anular el veto presidencial en la cámara.
La normativa, llamada Ley de Transparencia de Influencia Extranjera, es similar a la legislación rusa de «agentes extranjeros», con la que Moscú marca a los críticos contra el Gobierno. La ley obliga a organizaciones, medios de comunicación y entidades similares que reciban al menos un 20 por ciento de su financiación del exterior a registrarse como «agentes que defienden los intereses de fuerzas extranjeras». En caso de no registrarse serán sujetas a multas cuantiosas.
Las autoridades georgianas, que impulsaron esta medida, siguen defendiendo que cumple únicamente el principio de transparencia y que, por ello, mejorará la soberanía y acercará el país a la Unión Europea.
La decisión tomada ayer por la presidenta georgiana es un veto formal, pero se da la circunstancia de que ni la Constitución georgiana ni las reglas de procedimiento parlamentario capacitan a la mandataria para prohibir directamente una legislación.
Lo que Zurabishvili tendría que hacer, según el experto en Derecho Constitucional Vakhushti Menabde en comentarios recogidos por la emisora internacional estadounidense Radio Free Liberty, es devolver la ley al Parlamento acompañada de «comentarios justificados» que señalen contenidos inaceptables. (Europa Press)