Por intuición el presidente del Estado Plurinacional anuló el Decreto Supremo 5.143, emitido recientemente y que había sido enviado por legisladores al Tribunal Constitucional para una revisión. Sin embargo, ese alto organismo jurídico también suspendió la medida, al admitir una acción de inconstitucionalidad de carácter abstracto, dando un respiro de alivio a la ciudadanía que se encontraba alarmada por caer en peligro la propiedad privada.
Dicho decreto que debía ser aplicado para manejar de otra manera Derechos Reales, previamente fue rechazado enérgicamente por la población y la resistencia se convirtió en una ola de protesta masiva, para evitar profundos recortes al derecho de propiedad consagrado por la misma Constitución Política.
Por ello, paulatinamente la resistencia general a esa disposición se fue acentuando y la presión se extendió a más sectores sociales del país. Tal reacción popular obligó, finalmente, a la abrogación del DS 5.143, tomando en cuenta que se iba gestando una conmoción civil de imprevisibles consecuencias.
Sin embargo, pese a la abrogación de ese decreto, continúa la preocupación de la opinión pública, pues subsisten otras amenazas al derecho de propiedad. Como el DS 4.732, cuyos alcances son más concretos que el recién anulado. En efecto, se aplica a contratos sobre terrenos, viviendas, parqueos, tiendas y otros bienes inmuebles ofertados bajo varias modalidades. Establece que antes de la suscripción de los mismos, se deberá certificar que no tienen cláusulas abusivas, a cargo del Ministerio de Justicia. Es decir que los dueños de propiedades, cualquiera fuese su tamaño, no los podrán vender sin previa autorización.
Dicha medida que prohíbe suscribir contratos libremente sobre bienes territoriales preocupa. El peligro consiste en que, quien no pueda vender un objeto de su propiedad, deja de ser propietario. Por si fuera poco, esa medida sería prolongación de la disposición constitucional que dispone que los campesinos de todo el país, con títulos de propiedad, según la Ley de Reforma Agraria de 1953, desde la aplicación de la nueva Constitución Política están prohibidos de vender sus sayañas o parcelas de tierra. Tal disposición los convirtió en meros tenedores de sus parcelas y condenados a volver al sistema de trabajo de colonato.
Es más, se estaría condenando a la miseria a la mayoría de la población y el país en general retrocedería al régimen feudal del pasado. Es más, los trabajadores del arado en todo el territorio nacional están esperando una medida abrogatoria de tal disposición.
Por todo ello medidas que afectan a la propiedad privada seguirán siendo una espada de Damocles sobre la cabeza del pueblo boliviano.