Según afirmó el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, solicitará que el Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz se pronuncie acerca de los informes que detallan los riesgos de traslado del gobernador detenido, Luis Fernando Camacho, a la capital oriental para que asista a su audiencia por el caso del Decreto 373.
La autoridad superior de las penitenciarías indicó que se solicitará un pronunciamiento hasta el martes 16 de julio, fecha en la que fue diferida, por tercera vez, la instalación de una audiencia para el inicio del juicio oral en el que se acusa a Camacho por supuestas irregularidades en la emisión del Decreto Departamental 373.
Limpias insiste que hay una serie de riesgos que necesitan ser analizados por el director del recinto de máxima seguridad de Chonchocoro, respecto al resguardo de la seguridad de la población así como del acusado.
Como argumento de ello, recordó que a finales de diciembre de 2022, cuando el excívico cruceño fue aprehendido y trasladado a la sede de Gobierno por el caso “Golpe I”, un grupo de personas intentó tomar el aeropuerto de Viru Viru y la sede del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz.
Por tal razón, señaló la existencia de informes de Inteligencia que, precisamente, dan cuenta de este tipo de riesgos que conlleva efectuar un traslado del gobernador electo a la ciudad de Santa Cruz.
Limpias lamentó que el Tribunal no se pronuncie sobre estas observaciones de los informes y que únicamente se limite a suspender las audiencias y fijar nuevas fechas. Declaró recientemente que esta situación es “seria” y aseguró que, desde Régimen Penitenciario, no se toma una posición política.
“Esperemos que el Órgano Judicial tome en cuenta y nos diga que no hay riesgos, que se garantiza (el traslado). Hay un informe del Comando Departamental, hay un informe de Palmasola, no nos responden hasta ahora, no nos dicen qué es lo que va a pasar respecto a este traslado”, indicó el fin de semana, cuando se le preguntó si Camacho iba a llegar a la capital cruceña para el pasado lunes 27 de mayo.
ELEMENTO DISTRACTOR
Por su lado, la oposición ve que la detención prolongada del gobernador de Santa Cruz es una “tortura política” utilizada como elemento aleccionador para la oposición, un mensaje para cualquier otro líder que busque hacer frente al autoritarismo del Gobierno.
“Claramente se busca aleccionar a cualquier opositor con que esto puede sucederle si es que sigue en la lógica de enfrentamiento y confrontación al autoritarismo”, expresó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes.
La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, quien también está detenida preventivamente por los hechos de 2019, señaló hace unos meses que incumplir una orden judicial de traslado del gobernador es una “tortura” en contra de presos políticos.
NEGANDO LA CRISIS
En otros temas, el acusado cuestionó que el presidente de Estado, Luis Arce Catacora, esté negando con “soberbia” que el país atraviese una crisis económica y le exigió que salga a las calles a enterarse de la realidad.
“¿Por qué Luis Arce se niega a reconocer la crisis económica? Es hora de que el presidente salga de su palacio, recorra las calles, escuche a la gente y comprenda que los hogares bolivianos están viviendo una gravísima crisis económica”, publicó en sus redes sociales.
Tildó de “burla terrible” hacia la población que el Presidente y sus ministros nieguen la crisis económica cuyo origen sería, en su opinión, la corrupción. “El país no va por buen camino y Arce, con soberbia, se niega a reconocerlo. Bolivia necesita un cambio”, añadió Camacho.