A un año de la toma de la sede de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhp) por grupos afines al Gobierno, la institución exige la restitución de las instalaciones y denunció una política de silenciamiento de instituciones.
“La toma de nuestras oficinas no fue, ni es un caso aislado o de privados, como lo señala la propaganda del Gobierno. Al contrario, se enmarca en una política de silenciamiento de instituciones que, como la Apdhb, levantan su voz por la defensa de los derechos humanos, la independencia judicial, el respeto a la propiedad privada y el restablecimiento de la institucionalidad tan venida a menos como resultado de las políticas aplicadas por el MAS”, señala un pronunciamiento de la institución.
La entidad defensora de derechos humanos considera que la estrategia gubernamental contra las organizaciones de la sociedad civil consiste “en la creación de organizaciones paralelas para debilitar, cooptar y finalmente tomarlas por la fuerza a aquellas que son contestatarias y no responden a los intereses partidarios del gobierno de turno”. Para la Apdhb, el Gobierno las legaliza después y consolida como organizaciones paralelas.
Ante esta situación, exigen que “se proceda a la restitución de las oficinas de la Apdhb, encabezada por nuestra presidenta legítima, Amparo Carvajal Baños, mientras tanto seguiremos firmes en el cumplimiento de nuestra misión en la calle y con la gente”.
El 2 de junio de 2023, un grupo de personas encabezadas por Edgar Salazar tomó violentamente la sede, ubicada en la Avenida 6 de agosto de La Paz. Aunque Carvajal se mantuvo en vigilia durante 50 días y noches logrando que los avasalladores sean desalojados, la sede permanece bajo control de la Policía desde entonces.
Según el pronunciamiento, “los abusos y atropellos cometidos contra la Apdhb son una muestra de lo que sucede en el país, con el envilecimiento de la justicia, el avasallamiento de la propiedad privada que, por el momento, se hizo retroceder, la anulación de la Asamblea Legislativa a partir de fallos emitidos por magistrados ilegítimos e ilegalmente autoprorrogados, que en los hechos implica la instauración de una dictadura judicial”.
Pese a la toma de sus oficinas, la actividad de Carvajal y activistas que la apoyan continúa, pues la atención a los casos de DDHH se mantiene activa desde una mesita con sombrilla en la calle, al inicio de la avenida 6 de Agosto de la zona de Sopocachi. (Brújula Digital)