domingo, junio 30, 2024
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TSJ anuncia determinaciones

Sesión de ALP incurrió en desacato, según Procuraduría

> Mediante un comunicado, la Procuraduría anunció que el senador, Andrónico Rodríguez, junto con sus “cómplices”, usurparon funciones del presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, y que instalar una sesión pese a un Recurso Directo de Nulidad emitido, incurre en desacato flagrante y una vulneración a la “estabilidad constitucional”. > Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Marco Jaimes, alegó que no es atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional dejar cesantes los cargos de las altas magistraturas, sino que tal acción es competencia del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Mediante un comunicado, la Procuraduría General del Estado (PGE) manifestó que la oposición y la facción “evista” del MAS incurrieron en desacato al llevar adelante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) del jueves, alegando que desobedecieron una decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que suspendió dicho acto; por considerarlo un “golpe a la democracia y al orden constitucional”, la Procuraduría y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se sumaron a las voces oficiales que anuncian acciones contra los parlamentarios.
“Pese a la notificación pública y oportuna con la decisión del máximo garante de la constitucionalidad en el país, el senador (Andrónico) Rodríguez y sus aliados políticos incurrieron en desacato flagrante a esa decisión, vulneraron el artículo 203 de la Constitución Política del Estado y violentaron la estabilidad constitucional del país”, señala el comunicado, donde añade que “la Procuraduría asumirá todas las acciones que la Constitución Política del Estado y la ley le otorgan para preservar el Estado de Derecho ante las amenazas de hecho que atentan contra la democracia”.
El pasado jueves se realizó la séptima sesión convocada por el vicepresidente en ejercicio, Andrónico Rodríguez, junto a una myoría conformada por parlamentarios evistas, de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, quienes aprobaron el Decreto Presidencial 5137, la Concesión de Amnistía e Indulto y la ley de continuidad de elecciones judiciales, de acuerdo con lo que señala una nota de Brújula Digital.
Además se aprobaron el proyecto de Ley 079, referente al contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo Confital–Bombeo–Colomi y el proyecto de Ley 075 para la cesación de funciones de altas autoridades judiciales del TCP y del Órgano Judicial.
Sin embargo, la Procuraduría advierte que, por el supuesto desacato que cometieron los legisladores, “ninguna Ley o declaración aprobada podría ser considerada o promulgada por el presidente constitucional de Bolivia, Luis Arce, ni mucho menos publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia”.
Asimismo, denuncia que los parlamentarios que convocaron a la sesión usurparon funciones del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca. “La Procuraduría denuncia que el senador Andrónico Rodríguez y sus cómplices usurparon las funciones del presidente nato de la ALP, David Choquehuanca, y perpetraron un golpe a la democracia, al Estado de Derecho y al orden constitucional”, se lee en un comunicado publicado por la PGE el jueves en horas de la noche.

POSICIÓN DEL TSJ
Por su lado, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Marco Ernesto Jaimes, aseguró que se haría una evaluación de la norma aprobada por el Órgano Legislativo enmarcada en interpretar las disposiciones.
“Lo que corresponde en todo caso es efectuar siempre una labor de interpretación y de jerarquía normativa con relación a cuáles son las disposiciones que deben darse cumplimiento, fundamentalmente a partir de la primacía constitucional que establece la propia Constitución y seguramente conforme a esa evaluación jurídica y legal, es que asumiremos las determinaciones que correspondan”, sostuvo.
Jaimes también argumentó que no es atribución del Órgano Legislativo cesar las funciones del Judicial. “El Legislativo no tiene atribuciones para dejar cesantes los cargos de los magistrados. La interpretación de la Constitución le corresponde al TCP”, sostuvo la autoridad.
Agregó que “el Órgano Legislativo dentro de sus competencias (deberá) emitir las determinaciones que correspondan en función de aquello y podamos pronunciarnos con un criterio estrictamente jurídico y legal”.

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