Desde que empezó a funcionar, aunque parcialmente, la Gestora Pública, en septiembre del año 2022, hubo campañas de propaganda dirigidas a los jubilados para tranquilizarlos respecto al paso de la administración del sistema de pensiones de las dos AFPs a la nueva entidad estatal. Entonces se hablaba incesantemente de las bondades que implicaría dicho cambio, como que mejorarían las pensiones, se generaría recursos para la Renta Dignidad y el Fondo Solidario. Y que, si las AFPs cobraban cuatro comisiones, la Gestora solo cobraría una, etc. Lo más importante es que se aseguraba que no se tocaría los aportes de los trabajadores, por ser patrimonios autónomos.
Sin embargo, hace poco se informó que la Gestora pública invirtió 500 millones de dólares en los Bonos BCB en Dólares, en bonos del Tesoro de Estados Unidos y en bonos del Tesoro General de la Nación (TGN), con un rendimiento del 7% en los próximos tres años. También 200 millones de dólares fueron para adquirir bonos en dólares que ofrece el Banco Central de Bolivia (BCB), y por un plazo de tres años con una tasa de 6,5%. Además, 50 millones de dólares fueron colocados en bonos del Tesoro de EEUU, con una tasa de 4,6%. Asimismo, la Gestora invirtió en bonos del TGN 250 millones de dólares, con una tasa de 12,8%.
Al respecto, han surgido varias observaciones hechas por expertos en el tema de pensiones, como que para realizar esas operaciones financieras se ha tenido que modificar el artículo referido a las inversiones en el extranjero. Es decir que si las cosas no salen como han sido pensadas, podrían surgir otros cambios de reglas, en desmedro de la seguridad que requiere el sector de jubilados para mantener sus ahorros.
Por otra parte, se cuestiona que se haya invertido gran cantidad de recursos para comprar bonos del Estado, cuando actualmente en el país se observa una crítica situación económica, cuyos síntomas más visibles son la disminución de las reservas internacionales netas (RIN), la escasez de dólares y combustibles, el encarecimiento de alimentos básicos, entre otros. Por ello se arguye que hubiera sido mejor invertir en la compra de bonos en EEUU o en otros países, a fin de contar con mayor garantía de recuperación de tales inversiones.
También se observa que el plazo para la devolución de lo invertido en bonos es corto, de tres años y que no hay certeza de que se cumplirá con los pagos e intereses, reiteramos, por la difícil situación económica del país, sin una fuente de ingresos económicos que reemplace a la venta de gas, ya que las reservas de este energético se agotan. En consecuencia, este manejo cuestionable de las pensiones coloca al Estado como “administrador, regulador y deudor”, según la opinión pública, mientras el sector de los jubilados también muestra división, pues un grupo de ellos protesta por la reciente medida de la Gestora Pública, mientras otro grupo, de tendencia oficialista, apoya tal determinación.