La organización internacional “World Justice Projet” ha hecho conocer el índice del estado de derecho en los países del mundo, en el que nuestro país está entre los últimos de Latinoamérica, junto a Haití, Nicaragua y Venezuela (el último lugar en el mundo), ocupamos el puesto 131 de 142 entre los países considerados. (EL DIARIO, 1 de junio de 2024).
Se conceptúa al estado de derecho, como un modelo de orden social y jurídico en una sociedad enmarcada en el cumplimiento de las leyes, al que todos, los ciudadanos y funcionarios públicos de todo nivel, deben someterse y toda acción de gobierno y de la sociedad civil debe estar sujeta al ordenamiento jurídico.
En el “estado de derecho” encontramos dos elementos: por un lado, el Estado como una forma de organización de la sociedad, y otro el Derecho como conjunto de normas jurídicas que rigen las relaciones de los individuos en la sociedad y con el Estado mismo.
En un Estado sujeto a un “estado de derecho”, toda política y acción de gobierno debe estar sustentada en una norma y el mismo poder del Estado debe subordinarse al orden jurídico, y en su mismo origen debe estar sustentado en la ley y sus procedimientos, lo que le da a ese poder legalidad y legitimidad, en función del orden social y el respeto a los derechos de los individuos.
El “estado de derecho” es uno de los elementos fundamentales de la democracia como sistema de gobierno y de vida de la sociedad organizada, pues es el pueblo el depositario de la soberanía, que la ejerce a través del sufragio para elegir a sus representantes en el poder. Además, en el “estado de derecho” no existen diferencias entre los individuos, en razón de sexo, origen étnico, clase social o cualquier diversidad que haya en una sociedad, pues todos gozan de los derechos y libertades establecidas en las leyes, ya que la igualdad de todos ante la ley es uno de los principios democráticos que se sustentan en el “estado de derecho”.
El “estado de derecho” es lo contrario al estado absolutista de reyes y príncipes o de dictadores y tiranos, que se ubican en la cúspide de la pirámide del poder, y sus acciones no tienen límite, pues el derecho que debe limitar el poder, es inexistente, todo responde a la voluntad del gobernante absoluto.
Los antecedentes históricos del “estado de derecho”, los encontramos en la antigua Grecia o Hélade, en el pensamiento de Platón y Aristóteles. Platón consideraba que el mejor gobierno era el gobernado por un sabio rey, su discípulo Aristóteles sostuvo que el mejor Estado no era el gobernado por el más sabio y virtuoso filósofo, sino el regido por las mejores leyes, más aún, sostuvo que las características del Estado de Derecho eran tres: a) El gobierno representa el interés público. b)La vida de la sociedad debe necesariamente desarrollarse sujeto a las normas generales, y no a los actos arbitrarios del gobernante. c) Los ciudadanos obedecen voluntariamente y no por temor a la imposición de la fuerza.
Ha sido una larga lucha histórica de los pueblos, para limitar el poder absoluto de los gobernantes y conquistar la libertad e igualdad de todos ante la ley. Ya desde el Siglo XIII los filósofos cuestionaron el excesivo poder de los gobernantes, pero fueron en las revoluciones inglesa (1688), norteamericana (1767) y francesa (1789), en las que se estableció la primacía de la ley sobre los gobernantes y la división e independencia de los poderes públicos.
La realidad política de nuestro país, ha determinado, que sea considerado entre los últimos en los que impera el “estado de derecho”. Así, además del establecido por World Justice Projet, el Observatorio de Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), informó que entre enero y mayo de 2023 se habría reportado 87 vulneraciones a la institucionalidad democrática (EL DIARIO, 27 de mayo de 2023), y en 10 meses de 2021 hubo 9 actos de presión del Ejecutivo sobre el Tribunal Supremo Electoral (Página 7 de fecha 1 de noviembre de 2021), entre muchos otros actos de poder cuestionados.
El estado de derecho es la garantía de los ciudadanos para preservar sus libertades y derechos, frente al poder de los gobernantes, para conseguir la armonía y paz social, pues no olvidemos una de las enseñanzas del quehacer político: “el que tiene poder tiende a hacer uso y abuso del mismo”.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.