Subvención a combustibles alcanzó a $us 1.848 millones

El costo de la subvención a los hidrocarburos superó a lo programado en 2023. En el Presupuesto General del Estado se proyectaba un gasto de 1.000 millones, pero a finales de gestión llegó a 1.848 millones de dólares, y para 2024 se presupuestó 1.429 millones. Ahora, la escasez de dólares genera incertidumbre en la provisión de combustibles.
Según la información proporcionada por Global Petrol Prices, al 10 de junio de 2024, Bolivia sigue teniendo los carburantes más baratos de la región, después de Venezuela, que inclusive la ubica a nivel mundial entre los 15 países con los precios más económicos de gasolina y diésel. El litro de gasolina en nuestro país está a 3,74 bolivianos ($us. 0,542) y el litro de diésel a 3, 72 bolivianos ($us. 0,539), cuyos precios no se mueven desde el año 2004, último reajuste que hizo el expresidente Carlos Mesa, detalla el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
La subvención a los carburantes comenzó el año 1997, en el gobierno del Gral. Hugo Banzer Suárez. La política pública ya tiene 26 años de vigencia, sustentada más en el populismo del gobierno en turno que en la búsqueda del desarrollo productivo nacional.
La gestión pasada le costó al estado boliviano 1.848 millones de dólares, sin embargo, el gobierno para este 2024 solo presupuesto en el PGE unos 1.429 millones, a pesar de la escasez de dólares y un mercado internacional con mucha incertidumbre, reflexiona.
Ante ese panorama, diputados del ala arcista, como Jerges Mercado y Rolando Cuellar, se inclinan por una subvención diferenciada y un leve aumento en el precio de los combustibles, y beneficiar a los sectores vulnerables, menos a las actividades ilícitas.
El precio promedio a nivel mundial del litro de gasolina es de 1,31 dólares y del diésel de 1,22 dólares, pero en el país y en muchas naciones pobres tienen los precios subvencionados como política de Estado, a pesar de que los mismos compran los carburantes a precios internacionales, según información de Romero.
Están a dispuestos a asumir el costo adicional (diferencia más la logística) y un mayor gasto público (déficit fiscal) con tal de congelar o regular los precios de venta en sus economías. Con fines más políticos, debido al poco impacto observado en su sector productivo e industrial, favoreciendo inclusive más a la economía ilegal o informal, lamenta.
El gasto en la subvención no es lo peor, que representa entre un 2 a 3% del PIB y del PGE, sino los daños colaterales que genera esa política. Son casi 30 años que vivimos en una fantasía económica, con una inflación subestimada y unos precios de mercado totalmente degenerados que nos mal acostumbraron a tener carburantes baratos, pero sin desarrollo ni económico ni social en Bolivia, asegura.
Los principales ganadores de todo esto son las actividades ilegales e informales del país, tales como el narcotráfico, la minería ilegal, los contrabandistas, los autos “chutos” y cualquier persona o empresa que use estos carburantes subvencionados baratos, que hace que su uso en cualquier negocio sea atractivo y rentable. Pero el mismo sigue y al parecer seguirá vigente por la falta de voluntad política para “sincerarla” y por un beneficio bajo la mesa que no se ve, pero se conoce, sugiere.