Afirman que autoridades judiciales buscan blindarse

Tras la emisión de una Sentencia Constitucional en la que se declara como inconstitucionales a los artículos del Código de Procedimiento Penal que disponen los juicios en rebeldía, la senadora por Comunidad Ciudadana (CC), Andrea Barrientos, alertó que autoridades del Órgano Judicial buscan blindarse para, en un futuro, poder salir del país eludiendo responsabilidades por su actos.
En declaraciones a medios de prensa en la Sede de Gobierno, la legisladora representante del departamento de Cochabamba insistió en que las actuales cabezas de justicia permanecen en sus cargos en completa ilegalidad y al margen de la Constitución, por lo que todos sus actos carecen de validez.
Sobre la sentencia constitucional, conocida en las últimas horas, con la que el TCP rechaza legalidad de los juicios en rebeldía, Barrientos afirmó que este es otro tema pendiente de explicación por parte de las cabezas de este Tribunal, tomando en cuenta que hace más de dos años se denunció la desaparición de una sentencia en este mismo sentido, hecho que despertó susceptibilidades debido a la motivación política para no tener una figura clara en este sentido.
“Los han mantenido (los juicios en rebeldía) para ejercer presión política, por instrucción del Gobierno, hoy mágicamente desaparecen”, cuestionó la senadora.
En ese contexto, afirmó que con la emisión una sentencia donde se rechaza la posibilidad de que una persona pueda ser juzgada sin estar presente en su proceso, los magistrados del TCP buscan favorecerse a sí mismos, ante una probable salida del país para evitar responder por todas las irregularidades en las que incurrieron durante su gestión y por sus actos a partir de su “autoprórroga”.
“Esta es una forma de ‘autoblindarse’ porque ellos están listos para escapar del país y como van a estar lejos, nadie los va poder procesar, además es porque continúan realizando acciones políticas para tratar de hacer creer a la gente que van a obrar de manera imparcial, lo que no pasar porque ellos están en inconstitucionalidad y responden a fuerzas políticas”, dijo.
Por lo señalado, Barrientos reiteró que todas las determinaciones del TCP tienen un carácter político y carente de legalidad, por haber culminado su período de funciones y porque el Parlamento ya puso fin a su ilegal prórroga, a través de una ley que espera ser promulgada por el Ejecutivo.
“Ninguna de las acciones del Tribunal Constitucional es válida, nosotros no la reconocemos desde el 3 de enero del año 2024. Están cometiendo prevaricato y están incurriendo en uso arbitrario de su posición, ellos deberían irse además porque la ALP ha aprobado la ley 075 que le pode fin a su mandato”, recalcó.
Sobre la insistencia de autoridades nacionales para recurrir a instancias como el TCP en consulta sobre diferentes temas, la legisladora de oposición afirmó que esta postura responde a los intereses del poder para mantener algún tipo de control mediante la justicia, esto al haber perdido toda posibilidad de manipular al Legislativo.
“Tienen un trato con el Gobierno nacional porque a ellos les conviene mandar desde el Tribunal Constitucional, es decir, cuando han perdido control del Órgano Legislativo, su única vía para controlar es a través de sentencias y de manera ilegal”, agregó.
Asegurando que la actual coyuntura del país es preocupante, Barrientos llamó a que desde la ALP se mantenga una firme defensa del rol democrático del país y aseguró que, tarde o temprano, quienes manipulan la justicia y se niegan a abandonar el poder deberán responder por sus actos.
“Cuando se vayan a sus casas van a ser sometidos a juicios de responsabilidades porque merecen ser juzgados por el daño que le están haciendo al país y a la democracia”, concluyó.
El miércoles, pese a que su fecha de emisión señala el 17 de enero, se conoció que el TCP notificó sobre la emisión de la Sentencia 0001/2024, con la que se rechaza la legalidad de los juicios en rebeldía. De esta forma, se ratificó un fallo de 2021 que, después de haber sido filtrado, desapareció de los registros.
Mediante esta sentencia, se declara la inconstitucionalidad de los artículos del Código de Procedimiento Penal que disponen la prosecución del juicio en ausencia de los acusados. “La inconstitucionalidad del artículo 6 de la ley 1390 de 27 de agosto de 2021 –Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción– que modifica los artículos 91 BIS y 344 BIS del Código de Procedimiento Penal, de acuerdo a la interpretación constitucional efectuada en esta sentencia constitucional plurinacional”, expresa parte de su texto, asimismo se exhorta al Parlamento a realizar las respectivas modificaciones a los preceptos normativos declarados como inconstitucionales.
En marzo del 2021, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 012/2021, declarando la inconstitucionalidad de los juicios en rebeldía, dicha resolución había sido difundida por el ministro de Justicia, Iván Lima, posteriormente desapareció. En mayo del mismo año, el presidente de esta instancia, Paul Franco, negó las versiones de la autoridad, afirmando que dicha causa continuaba en trámite.