El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó ayer preocupación por la subida de las amenazas, acoso y agresiones contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas en Venezuela poco antes de que se celebren las elecciones presidenciales.
«Mi oficina sigue recibiendo informes de detenciones a medida que se acerca el día de las elecciones, entre ellas de simpatizantes y miembros de la oposición. Esto no es un buen augurio e insto a que se cambien esas prácticas», dijo en una declaración.
Turk indicó que las próximas elecciones presidenciales, fijadas para el 28 de julio, así como las elecciones locales, regionales y legislativas que se llevarán a cabo en 2025, son oportunidades clave para respetar la voluntad del pueblo.
Asimismo, deploró que las restricciones al espacio cívico estén aumentando e instó a las autoridades a asumir compromisos, así como a fomentar la confianza en el marco del periodo electoral en el país latinoamericano.
La autoridad dijo tomar nota de los indicios recientes de que podría ser posible el restablecimiento de su oficina en Venezuela después de que las autoridades anunciaran en abril que estaban dispuestas a abrirla tras su cierre a mediados de febrero, paso que volvió a calificar de profundamente lamentable.
Por aquel entonces, el Gobierno del presidente Nicolás Maduro decidió expulsar del país a todo el personal del Alto Comisionado de Naciones Unidas al considerar que el organismo se había transformado en una oficina de espionaje y conspiración.
SOBRE DETENCIONES Y LIBERTAD DE PRENSA
Turk reiteró su llamamiento a la liberación de todas las personas que fueron detenidas arbitrariamente en Venezuela, destacando el caso del defensor de Derechos Humanos Javier Tarazona, quien el martes cumplió su tercer año en prisión.
«Tomo nota de la liberación de dos dirigentes sindicales detenidos el 24 de junio. Esto eleva a 65 el número total de personas que fueron liberadas tras detención arbitraria desde mayo de 2023, incluidas nueve mujeres», agregó.
La oficina de Turk realizó nueve visitas a centros penitenciarios entre abril de 2023 y febrero de 2024 ubicados en cinco estados. Además, entrevistó a 146 reclusos, incluyendo 46 mujeres, a fin de mejorar las condiciones de su detención.
«En el contexto de los traslados de detenidos a la prisión de máxima seguridad de Rodeo I, me preocupan especialmente los informes de intimidación y malos tratos a los reclusos, a sus familiares y abogados, así como la falta general de información y acceso a asesor legal y familiares», sentenció.
La oficina de Turk documentó desde mayo de 2023 al menos 28 casos de detenidos, algunos de ellos voces disidentes cuyo paradero fue ocultado a sus familiares y abogados. «Esto ocurrió durante períodos que oscilaron entre dos y 41 días, lo que equivale a una desaparición
forzada. Todas las denuncias de desapariciones forzadas deben ser investigadas y enjuiciadas, y debe ponerse fin a esta práctica», resaltó.
Por otro lado, el Alto Comisionado aplaudió los recientes veredictos de siete agentes de la disuelta Fuerza de Acciones Especiales (FAES) unidad táctica de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), por homicidios perpetrados durante operaciones de seguridad entre 2018 y 2019.
«Insto a que se rindan cuentas plenamente por las violaciones cometidas durante las operaciones de seguridad y las protestas, incluso garantizando el acceso a la justicia y la reparación de las víctimas», subrayó.
En concreto, Turk cifró en 28 los casos de «detención arbitraria». «Entre ellos se encuentran Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas, quienes se encuentran detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril de 2024 respectivamente, sin acceso a defensa jurídica de su elección», apuntó.
Además, en cuanto a la libertad de prensa, Turk tildó de «preocupantes» los 10 nuevos casos de cierres de emisoras, a la par que el bloqueo de al menos 50 sitios web, seis más que durante el periodo del informe anterior.
SITUACIÓN EN VENEZUELA
Con respecto a la situación social y económica en Venezuela, Turk señaló que pese a que las cifras oficiales indican que creció un cinco por ciento el Producto Interior Bruto (PIB) en 2023, la población enfrenta serios obstáculos para acceder a alimentos, salud y educación.
De la misma forma, resaltó que el 74,6 por ciento de los centros de salud a nivel nacional carecen de personal médico y el 73,5 por ciento de personal de enfermería. «El aborto sigue estando penalizado, lo que da lugar a procedimientos inseguros y provoca mortalidad y morbilidad maternas», recordó.
Finalmente, puso el foco en que, según ONG, el 28,7 por ciento de las personas LGBTIQ+ sufrieron actos de violencia por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, mientras que se documentaron violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente en el contexto de la minería ilegal. (Europa Press)