La sequía ya provocó una caída de 70% en la producción de cultivos y paralelamente, los avasallamientos que se registran en el departamento de Santa Cruz afectan a la propiedad privada, hechos que aumentan la amenaza en la oferta de alimentos para el mercado nacional e internacional, situación que repercutirá en la reducción del ingreso de divisas.
En mayo, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció un incremento en el ingreso de dólares al país entre fines de mayo y junio de este año.
Asimismo, en el mismo mes, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, dijo que en los próximos tres meses la economía nacional comenzará a reflejarse mediante los resultados de las mejoras en el flujo comercial y el aumento en la disponibilidad de dólares.
Como se recordará desde febrero de 2023 se inició la escasez de dólares con la propuesta del Banco Central de Bolivia (BCB), que fijó un precio preferencial para los exportadores a 6,95 bolivianos por dólar.
Reducción
Sin embargo, el fenómeno climático y político, así como la inseguridad jurídica reflejada en los avasallamientos, reducen las expectativas sobre el ingreso de dólares al mercado nacional.
De acuerdo a datos del BCB, en el primer cuatrimestre se observa un déficit de divisas, señaló el presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
Según el economista, hay mayor salida de divisas por importación de carburantes y pago del servicio de la deuda, que ingresos por exportaciones, remesas o inversión extranjera, mucho menos.
Había la esperanza en que la cosecha se exporte y se generen las divisas, pero los factores climatológicos, político y demás, alejan la posibilidad de aumentar el ingreso de divisas al país, agregó.
“No creo que sea algo que se cumpla, las expectativas del gobierno. La situación es complicada”, apuntó a tiempo de indicar que a pesar de que las autoridades apoyan al sector exportador, que debería ser clave, si se quiere a corto plazo tenga un movimiento económico importante.
La sequía incide en la reducción de divisas y en la seguridad alimentaria, pero tampoco se garantiza que los exportadores traigan los dólares al sistema financiero, ya que en algunos casos prefieren realizar operaciones con la banca internacional.
Anapo
La sequía causa la mayor crisis de la década con una caída del 70% en la producción de cultivos de invierno. Se estima una reducción de 190 millones de dólares en los ingresos de los productores, quienes hacen llamado urgente al Gobierno para evitar un colapso en la producción de alimentos esenciales para el país.
Según un reciente informe técnico de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), la superficie sembrada con cultivos de rotación, que incluyen sorgo, maíz, trigo, girasol y chía, ha caído significativamente. Las cifras son preocupantes: en comparación con las 858 mil hectáreas sembradas en el invierno de 2023, esta temporada solo se logró sembrar 558 mil hectáreas, lo que representa una reducción del 35% en superficie y, por ende, el riesgo de provisión para la cadena de alimentos en el país.
“La producción de granos este año será una de las más bajas de la década, con una producción que estimamos llegará a solo 580 mil toneladas, frente a los dos millones de toneladas que alcanzamos el invierno pasado. Esto significa que estamos frente a una disminución del 70% en la producción”, indicó el presidente de Anapo, Fernando Romero.
La drástica disminución se debe a la sequía, que recrudeció este año y causó que esta campaña se perfile como una de las peores crisis productivas de los últimos años, añadió.
Repercusión en varias cadenas
Romero enfatizó que las pérdidas de mayor relevancia se registran en la zona este del departamento de Santa Cruz, donde resultan muy afectados los municipios de Pailón, Cuatro Cañadas, San Julián y El Puente.
“De las 558 mil hectáreas sembradas, unas 330 mil fueron afectadas o pérdidas. El sorgo, el trigo y el girasol son los cultivos más impactados”, indicó el representante de los productores de granos.
Esa situación no sólo afecta a los agricultores, sino también a los actores involucrados en la cadena productiva, desde proveedores de insumos hasta distribuidores y consumidores finales. “Estimamos que los productores perderán ingresos por al menos 190 millones de dólares, lo cual afectará a toda la cadena productiva de alimentos”, señaló.
Ante ese panorama desolador, Anapo hace un llamado urgente a las autoridades gubernamentales para atender las necesidades del sector. “Acceder a nuevos eventos de biotecnología, asegurar el abastecimiento de diésel y proporcionar alivio financiero para que los productores puedan sembrar en la próxima campaña de verano es crucial en este momento”, sostiene Romero.
Productores en situación crítica
La incertidumbre respecto al abastecimiento de insumos agropecuarios importados también preocupa a los productores. “En estos momentos, los agricultores estamos muy preocupados y desesperanzados. Es imprescindible y urgente que el Gobierno nacional responda a nuestras propuestas para garantizar la producción de alimentos y contribuir a la recuperación económica del país”, manifiesta el presidente de Anapo.
La situación que atraviesan los productores este año, asegura Romero, pone en riesgo incluso la continuidad de la actividad agrícola en el país. Por ello, la Asociación hace constante monitoreo de la situación y está dispuesta a trabajar en colaboración con las autoridades y otros actores del sector para mitigar los impactos de esta crisis.
“Seguiremos buscando soluciones y apoyo como productores, porque estamos conscientes de que nuestro trabajo es fundamental para la seguridad alimentaria y la economía del país”, asevera Fernando Romero.
Avasallamientos
Por otra parte, el Directorio de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba informó que a hrs. 15.30 (pm) del día de ayer, 4 de julio de 2024, gente ingresó de manera ilegal a predios privados a la fuerza.
Ingresaron por la fuerza portando armas de fuego de grueso calibre al predio productivo “Cedila Torrez” en Incachaca, generando temor y desesperación en nuestros pequeños productores, ello, en franca violación a La Ley Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, Ley 477 de 30 de diciembre de 2013, que incorporó al Código Penal, el Artículo 351 bis. (Avasallamiento), señala un comunicado de la Cámara Agropecuaria.
El artículo de la norma establece: “El que por sí o por terceros, mediante violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o cualquier otro medio, invadiere u ocupare de hecho, total o parcialmente, tierras o inmuebles individuales, colectivos, bienes de dominio público, bienes de patrimonio del Estado o de las entidades públicas o tierras fiscales, perturbando el ejercicio de la posesión o del derecho propietario, será sancionado con privación de libertad tres (3) a ocho (8) años”, nombra lo que dice la ley contra las acciones ilegales que realizan grupos armados.
“Agradecemos a la Policía Departamental de Cochabamba, quienes han desplazado efectivos a la zona en conflicto, esperando se detenga a los avasalladores, por nuestra parte, y en defensa de nuestros asociados, iniciaremos las acciones legales que el caso amerite”, añade a tiempo de indicar que por informes extra oficiales, se conoce que habría heridos.
“Hacemos un llamado a las autoridades que tiene a su cargo el esclarecimiento del presente caso, asumir acciones y castigar con el mayor rigor que determina la Ley. Como sector Agropecuario Cochabambino, nos declaramos en emergencia y quedamos pendientes de una efectiva y definitiva solución a este tema, que, de un tiempo a esta parte se ha vuelto recurrente en Bolivia, ocasionando inseguridad para las unidades productivas y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.
CAO
El miércoles 3 de julio de 2024, productores de las distintas zonas del departamento de Santa Cruz se reunieron en instalaciones de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) para expresar la situación crítica que atraviesan, debido a la toma de facto de sus propiedades.
En la oportunidad se contó con la presencia de productores afectados de Guarayos, San Javier, Obispo Santistevan, Pailón, Zona Este y Sur del Departamento, todos con la misma problemática, que les impide producir con normalidad y por el contrario les genera una situación de indefensión e incertidumbre permanente.
Los productores manifestaron ante la Comisión Jurídica de la CAO y los subsectores afiliados, sobre la difícil situación que vienen afrontando desde hace años, preocupados por los obstáculos que fueron encontrando en las diferentes entidades públicas dependientes del Órgano Ejecutivo y Judicial.
En ese marco, comunicaron que se organizarán de manera institucional, para lo cual solicitaron el apoyo técnico y legal de la CAO, Anapo, Fegasacruz y toda entidad afiliada a la entidad matriz de los productores para así continuar con la defensa de sus derechos.
En ese contexto, y considerando la magnitud del problema, el Directorio de la CAO se va a reunir con urgencia para tratar la temática y establecer una hoja de ruta que coadyuve a la defensa del sistema productivo departamental.
