El abogado especialista en derechos humanos, Franco Albarracín, expresó que se violaron los derechos de las dos ciudadanas uruguayas que quedaron detenidas por portar siete gramos de marihuana, pues no debieron ser encarceladas y podrían haberse defendido en libertad.
“Aquí se está aplicando la norma de manera irracional y desproporcionada por una cantidad casi insignificante de droga, entonces se están vulnerando claramente su derecho a la libertad personal, al debido proceso, al acceso a la justicia y se está vulnerando el principio de inocencia”, indicó Albarracín.
El 17 de marzo, las dos uruguayas, una mujer de 67 años y su hija de 27, se encontraban en el aeropuerto de El Alto para regresar a su país luego de vacacionar en Bolivia. Durante un control de rutina, se encontró la marihuana en el equipaje de una de ellas, por lo que fueron acusadas de tráfico de drogas y encarceladas en el penal de Obrajes. El 8 de mayo se cambió la tipificación de delito a consumo en contra de la hija y la madre logró salir del penal.
Albarracín explica que el problema no es la cantidad de droga o el uso específico de la misma, sino principalmente en el debido proceso que debió llevarse a cabo. Ante la sospecha de posible tráfico de drogas las autoridades debieron solicitar la identificación de las dos mujeres, tomar su declaración ante la Policía y luego permitirles retirarse en libertad absoluta.
Según el jurista, si el Ministerio Público encontraba indicios, debió haber procedido con una imputación para que ambas personas pudieran defenderse en libertad. Nada de eso ocurrió.
“En Bolivia lo que está penalizado es la tenencia de una determinada cantidad de marihuana que puede variar según el tipo de droga. (El problema) es que estos límites no están establecidos de forma específica y personas como estas ciudadanas son detenidas con porcentajes bastante reducidos de droga”, añadió.
PROCESO AL ESTADO
Además, mencionó que estas dos ciudadanas podrían iniciar un juicio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas por la vulneración de sus derechos. Aunque estos procesos pueden ser prolongados, su resultado podría ser una sanción al Estado Boliviano, si así se considera adecuado.
El abogado de las dos mujeres, Rodrigo Rey, informó que este jueves se realizará la audiencia que podría dejar en libertad a su clienta, aunque advirtió que puede ser suspendida como ocurrió la semana pasada. (Con información de Brújula Digital)