viernes, julio 19, 2024
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Licencias de prospección y exploración no autorizan la explotación de minerales

La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) aclaró que las Licencias de Prospección y Exploración únicamente permiten la ejecución de estudios preliminares en un área minera; no otorgan autorización para realizar la explotación de recursos minerales.
Específicamente en el municipio de Roboré, no se otorgó ningún permiso o Contrato Administrativo Minero para realizar actividades de explotación minera, en cuyo trámite es obligatorio realizar la consulta previa. Si bien, en la Dirección Departamental de Santa Cruz de la AJAM cursa una solicitud de Licencia de Prospección y Exploración en el sector, esta petición no ha sido otorgada, asegura la entidad estatal.
En ese sentido, no son correctas las declaraciones vertidas por de la diputada María René Álvarez en fecha 16 de julio de 2024; dicha información puede ser corroborada en la mencionada Dirección Departamental, sostiene.
La AJAM reitera su compromiso con la transparencia y el cumplimiento estricto de las leyes y regulaciones vigentes para asegurar que todas las actividades mineras en el país, se lleven a cabo de manera responsable y sostenible.
Denuncia
Como se recordará la articulación del XI Foro Social Panamazónico (Fospa) denunció, mediante un pronunciamiento, que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) autorizó “prospección y exploración para actividades mineras” en el municipio de Roboré, en el polígono de Aguas Calientes, colindante con el Valle de Tucabaca, “sin la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades”.
En un comunicado, Fospa señala que la decisión de la AJAM viola los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecidos en el artículo 30 de la CPE y pone “en riesgo su autodeterminación y modos de vida ancestrales”.
“Exigimos la inmediata suspensión de todas las actividades mineras otorgadas en el área denominada Aguas Calientes y la revocación de cualquier licencia o concesión otorgada sea de cualquier índole por haber sido autorizada sin el consentimiento de las comunidades”, añade.

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