El saneamiento discrimina a los indígenas aymaras

El 2 de agosto pasado, aniversario de un acontecimiento histórico, cuando en 1953 el MNR firmó la Ley de reforma agraria en Ucureña, y celebrando paralelamente el «Día de la revolución agraria, productiva y comunitaria», dictada por el gobierno de Evo Morales, el presidente Luis Arce hizo en San Julián notables ofrecimientos para salir de la crisis agraria que enfrenta el país. Ofreció aprobar una ley IVA cero para importación de maquinaria y agilizar el llamado «proceso de saneamiento de tierras». Tal noticia causó agrado no sólo en los campesinos, sino también en sectores urbanos, alarmados porque dejaron de consumir alimentos nacionales, pues fueron sustituidos por importados.
Sin embargo, el ofrecimiento se convirtió en desconcierto y es muy posible que enfrente dificultades en su ejecución o, simplemente, no tenga el menor resultado, ya que se trata de medidas empíricas que no hacen la menor referencia a aspectos de fondo.
El primer ofrecimiento presidencial consistió en proponer un impuesto agregado al valor agregado (IVA) cero para facilitar la importación de plantas industriales, maquinarias y otros, proyecto halagador, aunque será casi imposible su realización, ya que llegarán al país plantas industriales, maquinarias, etc., pero no tendrán materia prima agrícola propia para funcionar, como sucede con otras plantas industriales que llegaron al país en años pasados y hoy son conocidas como «elefantes blancos».
Al respecto se recuerda que la industrialización de productos agropecuarios es resultado de la superproducción de alimentos. De esa forma, la alta agricultura determina la aparición de la industria agropecuaria y no al revés, como no toman en cuenta nuestros sabios economistas. De otro lado, esa política tributaria solo favorecerá a los grandes empresarios orientales y no a los campesinos parcelarios del país, mucho menos a los indígenas de la región andina, lo cual significa enorme discriminación, destinada además a perjudicar a los indígenas e interculturales. Se subraya con lápiz rojo que la mecanización del agro será imposible mientras exista y aumente el minifundio, lo cual también significa racismo.
Ahí no acaba el problema. El presidente anunció que agilizará el «saneamiento de tierras» y que cuenta con 26 mil títulos de propiedad para comunidades campesinas e interculturales. Al respecto, es sabido que esos títulos son principalmente para loteadores parcelarios de la región oriental del país, hacia la cual el gobierno dirige todos sus planes. Esos títulos, como muchos anteriores, no están destinados a los indígenas del altiplano y valles del país, lo cual es otra forma de discriminación. ¿Por qué los indígenas del altiplano no reciben títulos ni ayuda económica y solo se favorece a los del oriente?
Se confirma, pues, que está en vigencia una política agraria de abierto favoritismo hacia el oriente y desprecio al occidente. No se toma en cuenta el abandono de unas 500 mil hectáreas de tierras cultivables en la región andina y la fuga de los indígenas a las ciudades y, en cambio, se dedica grandes esfuerzos y recursos financieros para ampliar la frontera agrícola con dos o tres millones de hectáreas para producir etanol, a la vez hacer inversiones millonarias para industrias ineficientes, conocidas como «elefantes blancos». En justicia, se demanda poner fin a la discriminación y el racismo oficiales con los indígenas.