La Sede de Gobierno, a principios de 2024, mostró la incapacidad de las autoridades en gestión de riesgos. Prueba de ello es que la gestión de Iván Arias apenas gastó el 4,6% (261,0 millones de Bs) del presupuesto entre los años 2021 y 2023; las gestiones de Luis Revilla, en cambio, gastaron el 7,9% (635,6 millones de Bs) y el 5,1% (612,7 millones de Bs), mostrando de manera clara que es fundamental el gasto en gestión de riesgos. Debemos recalcar que los datos anteriormente expuestos los dio a conocer en sus redes Julio Linares, que ocupó la Secretaría Ejecutiva Municipal a principios de la gestión de Arias y que también fue coordinador de su Alianza Por El Bien Común Somos Pueblo.
Las lluvias golpearon amplias zonas de la ciudad, siendo las más afectadas Irpavi, Achumani, Amor de Dios y Aranjuez, donde hasta hoy se ven muy pocos avances en la reposición de las áreas verdes que fueron destruidas por la fuerza de las aguas. Desastre que sirvió tanto para el municipio como para el Gobierno central, de base para propaganda del momento y el nulo trabajo de las obras correspondientes. Algo similar pasa con el peligro del embovedado de San Francisco, que se conocía desde el inicio de la gestión y que recién fue prioridad para la administración de Arias en 2024.
Aparte de la pésima gestión de riesgos, la improvisación evidente y el espectáculo realizado desde el municipio, la administración de Arias se caracteriza por la corrupción en todos los niveles. Las Loritas demostró la incapacidad de fiscalización territorial de las subalcaldías. No podemos olvidar que, por órdenes del mismísimo alcalde, se dio de baja el comunicado que alertaba sobre Las Loritas, tarea que corrió a cargo del actual Subalcalde Centro, Rodney Miranda (exsecretario de Culturas), quien también es responsable de la destrucción del patrimonio arquitectónico y urbanístico de Sopocachi mediante una resolución basada en un informe elaborado por un arquitecto que no se encuentra colegiado y que no podía ejercer en el ámbito público o privado. Lo mismo puede decirse de la famosa remodelación de la Plaza Abaroa, que es patrimonial y en la que se cometieron similares vicios para presentarla como una súper obra de la gestión.
Arias es responsable por omisión de la mayor estafa inmobiliaria que se vivió en La Paz, afectando a más de 600 familias. Su gestión también fomentó las edificaciones fuera de norma mediante la ley municipal 467, la nefasta ordenanza municipal 046 (cuya proyectista, la concejal Lucía Mamani, mencionaría a la prensa que fue el alcalde quien le entregó dicha ordenanza), el proyecto de ley de viabilidad legislativa al derecho a la edificabilidad que sigue durmiendo en comisión y que sigue siendo un peligro para la ciudad, y el vulgar decreto 034, que daba vía libre a la construcción sin límites y que fue abrogado hace unos días.
Un escenario similar de corrupción es el que vemos en la Dirección de Publicidad Urbana, con vallas publicitarias fuera de norma que comenzaron a pulular desde 2021 y que no tributan al municipio por las licencias y patentes, causando un daño económico de más de 7 millones de Bs. Se benefició a unos cuantos y se manipuló el sistema Génesis II y los conteos correspondientes por cada uno de los puntos de las más de 50 vallas fuera de norma. Son también la muestra de que la corrupción rota en el municipio, que los responsables dejan los puestos donde se cometió la tropelía para ocupar otro puesto rentable. En este caso en particular, dejaron la Dirección de Publicidad Urbana para tomar la Dirección de Mercados, una dirección en la Subalcaldía Sur y, actualmente, ser director de Recursos Humanos. Todo esto con el visto bueno del alcalde Arias. Los hechos de corrupción de las construcciones y vallas publicitarias fuera de norma son conocidos por la población gracias al trabajo fiscalizador desde el Parlamento, llevado a cabo por el diputado Alejandro Reyes, cuyo trabajo nos muestra el método de mil colores para desfalcar a la ciudad.
Ante el panorama oscuro y sombrío de la gestión de Iván Arias en la alcaldía, a los ciudadanos nos queda la vigilancia de sus acciones y la denuncia sobre omisiones de sus deberes y obligaciones, para detener el estrago edil.
El autor es politólogo.