Un problema que aparece cada año es el de voraces incendios que acaban con vegetación, animales y dejan como saldo víctimas en poblaciones nativas. Al respecto, desde instituciones ambientalistas y de la población en general han sido hechas demandas para que sean motivo de medidas gubernamentales eficaces las agresiones contra el medio ambiente en nuestro país. Particularmente se debería frenar las incursiones de nacionales y extranjeros en los parques nacionales, que son ambicionados para explotar ilegalmente los valiosos recursos naturales que contienen.
Pero el tema solo acapara la atención de las autoridades nacionales cuando las llamas provocan desastres, en temporada de chaqueos sin control, como sucede en el Departamento de Santa Cruz, donde, según noticias recientes, en Roboré, más de 10.000 hectáreas han sido quemadas, así como animales han resultado carbonizados. Y en comunidades como San Lorenzo Nuevo, San Lorenzo Viejo y Naranjo sus pobladores son afectados por una intensa humareda y temen que el fuego avance más. También San Javier está en llamas y éstas destruyen haciendas ganaderas y agrícolas y han llegado a la comunidad Las Abras.
En ambos casos, luchan contra el fuego principalmente bomberos municipales y voluntarios, así como pobladores, sin contar con las herramientas necesarias, como maquinaria pesada para abrir zanjas de contención y cisternas. En consecuencia, ante insuficientes recursos para detener los incendios, que también surgen en otras regiones, la situación tiende a empeorar. Y aunque las autoridades aseguran que el fuego en Roboré está controlado, los afectados dicen lo contrario. Allí se sabe que las llamas han sobrepasado el bosque, por lo que ha sido cerrada la carretera. En consecuencia, los comunarios han pedido ayuda para quienes luchan contra el fuego en varias partes.
Sin embargo, los incendios continúan cada año porque en el país leyes ambientales no son cumplidas, las entidades de control han sido copadas por gente del partido de gobierno, por lo que prevalecen las actividades, muchas ilegales, para extraer recursos naturales, apropiarse de tierras, inclusive en áreas supuestamente protegidas y traficar con especies silvestres y salvajes.
Por ejemplo, en la Amazonia que abarca a parte de Santa Cruz, Pando, Beni, Cochabamba y La Paz, que es una de las áreas de mayor biodiversidad de la cuenca amazónica, aumenta la extracción de oro y se desmonta tierras para la agroindustria. Tales actividades no están reguladas. Según investigaciones externas, mineros auríferos, productores de soya, coca y ganaderos aprovechan vacíos jurídicos, las normativas incoherentes y la débil aplicación de normas, llegando al extremo de recurrir a todo tipo de argucias legales para apropiarse de vastas extensiones de bosques, a fin de obtener ganancias.
Lo peor es que dichas acciones ilegales dejan como saldo destrucción de bosques, degradación de tierras fértiles y ríos por contaminación debido al químicos tóxicos. Y a pesar de que se conoce que hay otros métodos, más benignos, para aprovechar recursos naturales, ahora prevalece la política de extraerlos hasta que se agoten.