El desafío de recuperar la institucionalidad en Bolivia

La crítica realidad actual en Bolivia obliga al Estado a plantear un serio viraje en el manejo del país. El hecho de ocultar o manipular información oficial sobre las reservas de gas o las Reservas Internacionales Netas (RIN) por parte del Gobierno suponen una vulneración al derecho a la información que evidencia claramente un debilitamiento de la institucionalidad democrática.
Por ello, urge robustecer las instituciones del Estado a través de “alianzas público-privadas” que permitan rescatar el bolsillo de la población boliviana, actualmente asolada por un Órgano Ejecutivo convertido en una “fábrica de mentiras”, un Legislativo sin rumbo ni propuestas, un aparato estatal lleno de “agencias de empleo” y una justicia a merced del poder político.
Esa es la recomendación del reconocido economista y académico, Alberto Bonadona, quien realizó un análisis exclusivo de la crisis institucional en entrevista con EL DIARIO.
Respecto a la crisis económica, Bonadona lamentó que las autoridades reguladoras del Estado hayan quedado convertidas en meras “agencias de empleo” que no orientan la dirección de la industria, toda vez que “no hay una institución real ni planificada que oriente la economía”.
Para el experto, la crisis se extiende de lo económico hacia lo político, lo social y lo jurídico: como la economía se degrada, las empresas públicas no responden ante la necesidad de la población, lo que hace que la corrupción institucionalizada se reproduzca desde las altas jerarquías hacia el resto de personal subordinado. Por último, esta corrupción denigra la democracia, dando paso a la permeabilidad de actividades ilícitas en el Estado.
Bonadona también añadió que la consolidación del narcotráfico y el contrabando como un nuevo poder económico es otro reflejo de la crisis de institucionalidad, pues el Gobierno central protege a este sector otorgándoles “carta blanca” para operar tanto en el Chapare como en las fronteras a lo largo del territorio.