El Congreso de la República de Perú ha promulgado ayer la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra perpetrados antes de 2002 en medio de las críticas de Naciones Unidas, que sostiene que la legislación “contraviene” las “obligaciones” de ese país con respecto al Derecho Internacional.
La ley declara la prescripción de los procesos relativos a delitos de lesa humanidad correspondientes a hechos anteriores a la vigencia del Estatuto de Roma y de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad.
“Nadie será procesado, condenado ni sancionado por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra, por hechos cometidos con anterioridad al 1 de julio de 2002, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. Ningún hecho anterior a dicha fecha puede ser calificado como delito de lesa humanidad o crímenes de guerra”, reza la legislación publicada este viernes en el diario oficial El Peruano.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) pidió a Perú que no siguiera adelante con la legislación, ya que ello paralizaría cualquier investigación y proceso judicial activo relativo a casos relevantes de las décadas de 1980 y 1990, como el de las esterilizaciones forzadas de indígenas, en el que está siendo procesado el expresidente Alberto Fujimori.
La CIDH requirió al Estado peruano que tomase, a través de sus tres Poderes, “las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto” a fin de “garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas” de casos conocidos como Barrios Altos y La Cantuta.
De la misma forma, la legislación anulará las penas impuestas en casos correspondientes al mandato de Fujimori, excarcelado en diciembre de 2023 bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias y pese a la objeción de la Justicia interamericana.
Fujimori ha anunciado su intención de presentarse a las elecciones presidenciales de 2026 por el partido político Fuerza Popular, fundado por su hija, Keiko. El caso de las esterilizaciones forzadas afectó a casi 350.000 mujeres y 25.000 hombres de diferentes comunidades indígenas durante su gobierno.
“PREOCUPANTE”,
SEGÚN TURK
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, lamentó que la ley “contraviene” las “obligaciones” de Perú con respecto al Derecho Internacional y dijo que esto es “preocupante”, puesto que se produce “en medio de una reacción más amplia contra los Derechos Humanos y el Estado de Derecho”.
“Los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra están entre las más serias violaciones de las leyes internacionales y ni las amnistías ni los plazos de prescripción deberían extenderse a ellos”, señala en un comunicado.
En este sentido, Turk ha indicado que aquellos responsables de estos “crímenes atroces” deben “rendir cuentas” de conformidad con el Derecho Internacional, ya que de no ocurrir esto se corre el riesgo “de poner en peligro los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición” de miles de víctimas. (Europa Press)