Luego que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), fijó la fecha de las elecciones judiciales para el día 1 de diciembre de esta gestión, asambleístas cuestionan que este proceso continúe sin que los postulantes acusados por supuestamente haber sido favorecidos durante su evaluación oral, así como Asambleístas denunciados por actos irregulares en beneficio de determinados precandidatos, no hayan sido sancionados debidamente por su proceder.
En el mes de julio de la presente gestión, durante el proceso de preselección de candidatos a las elecciones judiciales, videos difundidos mediante redes sociales, denunciaron un presunto favorecimiento en beneficio de algunos postulantes en la etapa de evaluaciones orales.
Dicho material gráfico evidenció cómo la senadora “evista”, Patricia Arce, en actitudes y ademanes interpretados como un “chanchullo” para pasar respuestas a los postulantes Carlos Ortiz y Pablo Antezana, favoreció, supuestamente, a ambos participantes del proceso.
Posteriormente se reveló que ambos juristas alcanzaron la nota perfecta en su evaluación.
Ante la ola de cuestionamientos y tras las declaraciones de Arce negando toda acusación en su contra, representantes de distintas fuerzas en la ALP exigieron sanciones para los postulantes involucrados en el hecho y el inmediato alejamiento de la Asambleísta de toda actividad relacionada con el proceso de preselección.
Pese a todas las denuncias y las evidencias que demuestran un posible favorecimiento, las listas recientemente entregadas al TSE por parte de la Asamblea Legislativa, mantienen las postulaciones de Ortiz para el Tribunal Constitucional Plurinacional, y Antezana para el Tribunal Supremo de Justicia.
Asimismo, no se conoce de ninguna sanción dispuesta para la Senadora involucrada en este hecho irregular.
Sobre este tema, el diputado por Comunidad Ciudadana, Oscar Balderas, advirtió que las irregularidades evidenciadas durante la preselección son una muestra más del lamentable estado en el que se encuentra la justicia boliviana, donde aspirantes a autoridades inician de esta forma su camino hacia un cargo en el Órgano Judicial.
“El sistema de justicia boliviano vive una crisis permanente de confianza. La gente seguirá con el Jesús en la boca para no caer en manos de la justicia boliviana. No podemos esperar mucho del Órgano Judicial, si probablemente aplazados y chanchulleros pueden llegar a ser sus máximas autoridades”, sostuvo.
Asimismo, reprochó que instancias del Parlamento, controladas por el masismo, eviten sancionar y tomar las medidas para prevenir conductas anti éticas de sus miembros, provocando la posible elección de algunos postulantes “no por méritos ni capacidades, sino seguramente por una larga lista de favores que acumulan en su carrera al poder político”.
Para finalizar, Balderas insistió en que se necesita de un nuevo gobierno para viabilizar una verdadera reforma judicial que garantice independencia plena de la justicia, sin la intromisión del Legislativo ni del Ejecutivo.