Comunidades afectadas por contaminación minera

En los últimos años aumentan los reclamos desde sectores sociales que se preocupan por la preservación del medio ambiente, ante amenazas de actividades que se expanden en el territorio nacional sin el debido control estatal. Nos referimos a la minería legal que se dedica a extraer, no en condiciones óptimas, minerales de zonas tradicionales o a la minería irregular que incursiona hasta en áreas protegidas. En este último caso, particularmente, para extraer oro de ríos, sin tributar en la medida que corresponde.
Preocupa mucho la falta de vigilancia para que las operaciones mineras no contaminen los lugares de explotación, es decir, que los residuos tóxicos sean tratados de manera adecuada para que no degraden la tierra o contaminen aguas que sirven para consumo o labores agrícolas. Sin embargo, el problema de la contaminación por actividades mineras no ha sido abordado como se debiera y sus consecuencias son cada vez peores.
Recientemente, mediante la prensa nacional se ha conocido la rotura, en el mes de julio, de una piscina de sedimentación de una cooperativa minera sin licencia ambiental y que laboraba en el río Esmoraca, cuyas aguas desembocan en el río Grande San Juan y continúan hasta llegar al río San Juan del Oro y sus afluentes. Por ello, comunidades de Yunchará y El Puente, en Tarija, y de Tupiza, en Potosí, piden investigar tal hecho, pues la contaminación afecta terrenos agrícolas y esas aguas son consumidas por los pobladores.
Lo peor es que el río San Juan del Oro también es contaminado por otras cooperativas, lo que agrava la situación de comunidades de Potosí, Tarija y Chuquisaca, en cuanto a sus cultivos y su salud, sin que sean motivo de atención plena por parte de autoridades. Lo que se sabe es que muestras de aguas fueron enviadas a laboratorios y que se espera resultados. También se hizo una denuncia ante el Tribunal Agroambiental. Como es lógico, campesinos y pobladores de las comunidades afectadas se declararon en emergencia y demandaron que no se acepte operaciones mineras sin permisos legales. Si en un mes no se sanciona a los autores de dicha contaminación, comenzarían medidas de presión.
Como son varios los casos de esta índole en el país, se requiere acciones efectivas para evitar que más comunidades sean afectadas por la voraz minería que usa químicos tóxicos para extraer minerales. Al no haber un tratamiento adecuado de los residuos contaminantes que dejan, crecen los riesgos para la salud de los comunarios y sus tierras de cultivos pueden quedar degradadas, por lo que pueden verse obligados a emigrar, reduciéndose más la producción agrícola.
Finalmente, urge una exhaustiva revisión de las concesiones mineras para saber cuáles no cumplen con leyes ambientales. En caso contrario, quedará la sospecha de que el gobierno de turno no tiene voluntad para resolver este grave problema que involucra a un sector social que es afín al masismo.