Cuando incendios voraces destruyeron en el año 2023 más de tres millones de hectáreas de bosques y pajonales en departamentos como Santa Cruz, Beni, norte de La Paz y Cochabamba, principalmente en parques nacionales, por acciones de gente interesada en el agronegocio, el tráfico de tierras o la explotación de recursos naturales de manera ilegal, organizaciones dedicadas a la preservación del medio ambiente demandaron al gobierno de turno medidas de prevención para evitar que se repita esta catástrofe ambiental que también causó la muerte atroz de alrededor de seis millones de animales.
Pero de poco valieron las solicitudes de estas entidades y de sectores sociales para que las autoridades nacionales traten por todos los medios de evitar que se repitan quemas sin control en zonas ricas en recursos naturales y en cuyos perímetros inclusive hay poblaciones nativas. También entonces se hizo ver que era necesaria la derogación de normas que apoyan el desmonte de hectáreas para propiedades agrícolas y ganaderas, para producir etanol y diésel, entre otras, así como decretos supremos que dan curso a desmontes en Santa Cruz y Beni para expandir la agricultura y ganadería en bosques y para cultivos de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya transgénicos. Es decir que no se debería dar autorizaciones para desmontes o chaqueos sin establecer primeramente una verdadera necesidad y una estricta vigilancia.
Como en realidad no se gobierna escuchando al pueblo, sigue la falta de voluntad gubernamental para proteger zonas de exuberante vegetación y que son ambicionadas por nacionales y extranjeros para explotar sus recursos naturales. En consecuencia, nuevamente las quemas destruyen la flora y fauna y afectan a poblaciones originarias.
Al respecto, hace poco, la Gobernación de Santa Cruz informó que, aproximadamente, dos millones de hectáreas han sido devoradas por las llamas y 26 municipios han resultado afectados. También se sabe que son 27 los incendios forestales, en 26 municipios, como San Ignacio de Velasco, San Matías y Concepción. Y a pesar de heroicas tareas de mitigación del fuego por parte de bomberos, voluntarios y pobladores, las llamas no han podido ser sofocadas y solo se espera la llegada de las lluvias para evitar que el fuego intenso continúe.
Al parecer no hay alternativa por políticas gubernamentales erradas. Y es que, de acuerdo con el estudio “Amazonia boliviana: Entre la deuda, crisis climática y el extractivismo”, elaborado por la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (PBFCC) y la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social, “Al 2022, casi el 40% de la deuda pública externa, o cerca de 5.290 millones de dólares, fue destinada a actividades extractivistas o relacionadas con ellas”. En ese documento se advierte que “la dependencia de Bolivia de las actividades extractivas genera un alto impacto ambiental, que entre 2000 y 2022 produjo 2.000 millones de dólares en pérdidas por sequías, incendios y otros siniestros”.
Por lo tanto, si no se diversifica la economía, relegando las actividades para extraer hidrocarburos, minerales o ampliar la frontera agrícola, dejando de lado la preservación de áreas naturales, seguirán en riesgo poblaciones, inclusive indígenas.