Inútil control de precios en mercados

Un antiguo, obsoleto e inútil sistema de control en los mercados de alimentos ha puesto en práctica la empresa estatal Emapa, con la idea de detener la acelerada elevación de precios de productos de la canasta familiar, originada por la falta de dólares, la caída de la producción agropecuaria y otros factores, todo lo que muestra la dramática situación en que se encuentra la economía nacional.
Su técnica se basa en que funcionarios de su dependencia incursionen en los mercados públicos y amedrenten a las vendedoras con diversas sanciones, entre ellas multas y hasta apresamientos, a no ser que rebajen los precios al nivel de cuando había dólares, cuando los campesinos producían en tierras que les fueron usurpadas. Pero el contrabando paulatinamente ha ganado espacio en centros de abastecimiento y los productos nativos están en vías de extinción.
La política de control de precios ha empezado a ponerse en práctica, en vista de que, en los mercados y puestos callejeros, los precios de los alimentos han subido en diversos porcentajes, entre el 20, 40 y hasta 100 por ciento, debido tanto a que los mayoristas suben precios, como a la crisis económica por falta de dólares y otros motivos.
En realidad, suben los precios no solo por deseo de las vendedoras, sino porque el contrabando no tiene competencia y porque la política agraria del Estado Plurinacional ha paralizado la producción de alimentos en el país y la única forma de solucionar ese gran problema es atender con prioridad la cuestión de la agricultura, de tal forma que los campesinos puedan llenar los mercados con productos nativos sanos. A la par, ganarían los hombres del arado, que hoy por su pobreza están obligados a migrar a las ciudades y al exterior o dedicarse al contrabando y abandonar la tierra.
Por otro lado, las autoridades no consideran que la producción interna tiende a ser más costosa porque el cultivo de la tierra por los indígenas es más difícil, por las restricciones aplicadas por el régimen. Por ejemplo, que el campesino no puede vender su terreno, por lo que ya no es dueño. Por otro lado, las vendedoras, cuando se les reclama por los precios que son diferentes a los precios fijados por el gobierno, responden: “si no me paga usted lo que yo quiero, vaya a comprar de donde los precios son menores y punto”.
La subida de precios es casi inevitable por falta de productos y ello se debe a medidas del régimen actual (que empezó en 2006), establecidas con la Constitución Política en vigencia, que han sido muchas veces peores que sequías, nevadas, falta de caminos, de semillas, herramientas de labranza, etc.
Y en vez que el Ministerio de Tierras se dedique a la burocracia y solo apoye a los grandes agricultores del oriente, (que están autorizados para vender sus tierras) debe actuar con rapidez y preparar las condiciones para que el próximo año agrícola, el campesino tenga facilidades para lograr una buena producción. Finalmente, que el régimen anti-campesino y anti-indígena actual no solo se dedique a favorecer a manos llenas a la oligarquía agropecuaria del oriente.