ABT denuncia a juez por dar libertad a acusados de quemas

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) denunció públicamente al juez cautelar de Guarayos (Santa Cruz), Roberto Cruz Hurtado, por otorgar libertad irrestricta a tres acusados de causar incendios en ese municipio, que fueron encontrados en flagrancia.
El jefe nacional de Asuntos Jurídicos de la ABT, Robin Justiniano, anunció una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el juez por resoluciones contrarias a la ley y prevaricato.
“Se desarrolló la audiencia cautelar por los últimos aprehendidos en el municipio de Guarayos, a cargo del juez, Roberto Cruz Hurtado, quien otorgó libertad irrestricta para los sindicados, desestimando las pruebas presentadas por la ABT y el Ministerio Público”, señala una nota de prensa.
EVIDENCIAS
Las denuncias contra los acusados se sustentaban en un informe de la Unidad de Monitoreo e Información Geoespacial (UMIG), respecto al origen de la quema y la “cicatriz” que se registra en el área forestal.
Además, se sustenta en el hecho, añade ABT según ABI, en que los tres acusados tenían consigo 4.000 litros de combustible en 17 turriles. Los sindicados son: Grover Q., Asencio Y. y Mario F.
PROCESOS LEGALES
Justiniano indicó que la justicia no acompaña la lucha contra los incendios en el país, debido a que es el tercer proceso en el que se deja en libertad a los aprehendidos.
La ABT ha activado 274 procesos administrativos y 61 procesos penales contra acusados de quemas ilegales y causar incendios.
Las brigadas de fiscalización de la entidad continúan desplegadas en las zonas más afectadas, con el propósito de identificar a los responsables y aplicar las sanciones conforme a ley.
DETALLES
“Estas brigadas operan tanto con base en las denuncias recibidas, como mediante la verificación de información proporcionada por UMIG, lo que facilita el inicio de procesos sancionadores, ya sean administrativos o penales”, indica la nota de la ABT.
De los 274 procesos administrativos abiertos, 161 son en Santa Cruz, 41 en Beni y 72 en otras regiones. De estos, 158 corresponden a propiedades privadas y 116 a comunidades campesinas, interculturales o territorios comunitarios de origen.
En cuanto a los procesos penales, la ABT inició 61, de los cuales 54 se encuentran en Santa Cruz y 7 en Beni. Como resultado, 4 personas tienen detención preventiva.
El 21 de agosto, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo 5203, que establece un aumento en las multas por quemas ilegales. Esta normativa entrará en vigor una vez que la reglamentación sea completada por la ABT.
CUESTIONAMIENTOS
Ante esta situación que fue calificada de “aberrante” por la ciudadanía, muestra una vez más las fallas y complicidades que existen en todos los niveles de Gobierno.
Se hace necesaria que las autoridades llamadas por ley proporcionen las explicaciones claras y coherentes sobre cómo estas personas acceden a importantes cantidades de combustible, mientras que la ciudadanía y los transportistas tienen que hacer interminables filas en los surtidores para llenar los tanques de sus motorizados y se tiene un monto límite mensual para adquirir gasolina. (EL DIARIO y agencias)