El Gobierno de República Dominicana negó cualquier responsabilidad directa en la incautación de un avión oficial del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por orden de las autoridades de Estados Unidos, alegando que todo el proceso se desarrolló en el ámbito de los tribunales, sin intervención de autoridades políticas o de la Fiscalía dominicana.
El Departamento de Justicia norteamericano sostiene que el avión, trasladado el lunes a Florida, se compró a través de una empresa fantasma en Estados Unidos y fue extraído de contrabando, infringiendo así las sanciones sobre control de exportaciones que se impuso al Gobierno de Maduro.
Caracas denunció lo que considera un acto de «piratería» y criticó las supuestas presiones de Washington a otros países «para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales», pero el ministro de Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, salió al paso de posibles acusaciones.
Álvarez explicó que los hechos se remontan a mayo, cuando el Ministerio Público de República Dominicana recibió una solicitud de cooperación jurídica relativa a la aeronave, con vistas a realizar registros relativos a un posible fraude o contrabando. «Todo ello en el marco de una investigación criminal que llevaba a cabo el Departamento de Justicia de Estados Unidos», sostuvo.
El avión, un Dassault Falcon 900EX, se encontraba en territorio dominicano por necesidades de mantenimiento, algo que el ministro consideró «bastante normal», habida cuenta de los servicios de «muy buena calidad» que se ofrecen. El Gobierno aclaró además que no estaba a nombre del Gobierno de Venezuela, sino de un particular.
Un tribunal de República Dominicana autorizó entonces la inmovilización de la nave y el lunes se emitió una nueva orden judicial que permitía la entrega del avión al país «requirente», en este caso a Estados Unidos. «El Ministerio Público cumplió con lo ordenado por los tribunales», finalizo Álvarez en su exposición. (Europa Press)