El reloj avanza implacablemente hacia una fecha que podría marcar el colapso definitivo de Bolivia: 20 de marzo de 2028. Ese día, el país se enfrentará a la obligación ineludible de pagar una deuda de 1.000 millones de dólares, derivada de la emisión de Bonos Soberanos emitidos en el extranjero en 2017. Esta deuda no es simplemente un número en las cuentas públicas; es una bomba de tiempo que amenaza con detonar una crisis económica sin precedentes en nuestra historia. Y lo más alarmante es que, en función de la actual coyuntura, esa explosión podría ocurrir mucho antes de lo que imaginamos.
Bolivia se encuentra atrapada en una encrucijada fatal, incapaz de reunir los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones financieras. Este problema no es solo una carga del gobierno actual; es un legado maldito que ningún futuro gobierno, sin importar su ideología, podrá desactivar.
La capacidad del país para pagar esta deuda es, en el mejor de los casos, dudosa. Bolivia, que apenas puede garantizar el suministro de bienes esenciales como gasolina y diésel, está en una situación económica que no ha hecho más que deteriorarse. Las opciones de financiamiento son prácticamente inexistentes; el Fondo Monetario Internacional (FMI) se perfila como la última tabla de salvación, y ni siquiera ellos están dispuestos a prestar a un país que ha caído tan bajo como para mendigar en la arena internacional, como lo demuestra el reciente viaje del presidente Arce a Rusia. Bolivia, un país que alguna vez fue próspero gracias a sus reservas de gas, ahora no tiene ni siquiera la promesa del litio como salvación.
La gravedad de la situación es tan evidente que, incluso la casera, sabe que las cosas están mal. Y mientras tanto, los políticos siguen robando, devorando el botín cada vez más escaso, mientras sus luchas internas llenan de sangre el escenario político, utilizando a sus bases como carne de cañón en una guerra de trincheras.
Sin embargo, pongamos la lupa sobre esta bomba de relojería: en 2017, el gobierno colocó en el mercado internacional, específicamente en Luxemburgo —porque claro, hasta el gobierno hace negocios en paraísos fiscales— esta tercera emisión de Bonos Soberanos emitidos en el extranjero, con el Código ISIN: USP37878AC26 (para los curiosos que quieran investigar). Fueron emitidos 1.000 millones de dólares al 4,5% de interés anual, con pagos de cupones semestrales y fecha de vencimiento el 20 de marzo de 2028.
¿Dónde está la trampa del relojero? A diferencia de emisiones anteriores, en 2012 y 2013, cuando la deuda fue adquirida mayormente por las extintas AFPs y se logró refinanciar a través de una nueva emisión, prácticamente sin necesidad de desembolsar un solo dólar, esta vez el escenario es completamente diferente. En la emisión de bonos de 2017, las AFPs también compraron una parte significativa, pero esos 500 millones de dólares han sido utilizados recientemente como garantía por la Gestora Pública para seguir obteniendo préstamos, dejando los bonos como garantía. Este proceso, conocido como “reporto”, no es más que una bicicleta financiera, vendiendo y recomprando los bonos cada cierta cantidad de días, en un ciclo interminable hasta que llegue el fatídico día en que deben ser pagados.
Y aquí está la trampa mortal: la Gestora se ha prestado dólares para prestar esos mismos dólares al gobierno. Es decir, el gobierno utilizó a la Gestora como intermediario para financiarse. Cuando llegue el momento de pagar el bono, y el gobierno no pueda cumplir, la Gestora no podrá seguir “bicicleteando”. Entonces, ¿qué sucederá? Es altamente probable que el gobierno caerá en «default», un término gringo que significa, simplemente, que no se está pagando.
No hace falta ir demasiado lejos para imaginar las consecuencias. Solo miren a Argentina en 2001, cuando su Congreso, entre aplausos, decidió no pagar la deuda, provocando un colapso económico que sumió al país en la miseria. Un default cerrará las puertas a cualquier financiamiento futuro, agravará aún más la crisis económica y desatará una hiperinflación incontrolable. La historia es clara: las consecuencias serán devastadoras, no solo para el gobierno, sino para todos los bolivianos.
El tiempo se acaba para Bolivia. Si no son tomadas medidas drásticas y urgentes para enfrentar esta deuda y estabilizar la economía, el 20 de marzo de 2028 podría ser el día en que todo estalle, si es que no estalló antes, hundiendo al país en una crisis de proporciones inimaginables.
Y entonces, ¿qué queda cuando un gobierno de izquierda no puede pedir más préstamos?
Boom…
Rodrigo Regalsky tiene maestrías en Finanzas, un MBA y un postgrado en Criptoactivos y Blockchain. Actualmente es asesor corporativo de empresas.