Ante los nuevos hechos suscitados en torno a la liberación e intento de asesinato de Erland “El Colla” García, supuesto allegado cercano del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, analistas ven que es otra muestra del favorecimiento de la Justicia hacia el crimen organizado, el cual ha penetrado profundamente en la institucionalidad de la democracia boliviana.
Esta semana, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, reveló que “El Colla” habría sido herido por sicarios debido a una disputa internacional por tomar el control de un sector de la organización criminal de Marset, luego de que éste burlara a la justicia boliviana el año pasado, permaneciendo prófugo hasta la fecha.
“Lastimosamente hay una manipulación, está el narcotráfico metido muy adentro de nuestras instituciones, y esta es una prueba de esa situación. La protección a Marset por (parte de) la misma Policía, por lo visto, queda también para sus allegados y estamos bailando al ritmo de la delincuencia”, lamentó el docente y asesor legal, Óscar Villanueva López.
Para el experto, es indiscutible que el narcotráfico ha penetrado tan profundamente en la institucionalidad boliviana, que cada vez se asemeja a la realidad de otros países, donde el crimen organizado resuelve sus problemas “a balazos en las calles”, situación que califica como “muy preocupante”.
“Estamos cayendo en niveles a los que no habíamos estado acostumbrados, niveles que habíamos visto en países como México, Ecuador, Colombia e incluso Chile o Perú, donde los problemas entre narcotraficantes solucionan a balazos en las calles”, expresó Villanueva a EL DIARIO.
García, sindicado por la Policía Boliviana como socio y mano derecha de Marset, fue herido con cinco impactos de bala el pasado domingo en horas de la tarde, en inmediaciones de la zona La Enconada, en el municipio cruceño de Cotoca, en manos de sicarios que dispararon al vehículo en el que se transportaba.
Según Villanueva, es lamentable que “ni siquiera son las fuerzas de seguridad las que los abaten, (sino) es una guerra de sicarios donde (García) es abatido por personas que están dentro de el mismo rubro y eso es una mala señal”. Además, señala que este problema es parte de la urgente necesidad de reforma judicial que necesita el país.
JUSTICIA SERVIL AL CRIMEN
Dado que el sujeto había sido detenido preventivamente, Aguilera reveló que el juez cruceño, Primo Flores, presionó a la Policía para liberarlo con el respaldo de una sentencia constitucional. Tras ser liberado, García habría reorganizado un grupo delincuencial con paraguayos y brasileros para tomar el control del grupo que lideraba Marset.
Villanueva sostuvo a EL DIARIO que “hace mucho ruido y llama bastante la atención” que haya operadores de justicia colaborando a estas redes de delincuencia, mientras muchos ciudadanos de a pie claman por justicia a diario.
En sus palabras, “que los administradores de Justicia sean parte de esas cosas, llama mucho la atención. Hay personas que esperan durante años por procesos más pequeños (…), mientras que los peces gordos y personas vinculadas seriamente a acciones delincuenciales graves, como el narcotráfico, van a estar transitando libremente por las calles”.
De acuerdo con un reporte de Unitel, el juez Flores está vinculado con escándalos de malos tratos a litigantes, incumplimientos procesales en plazos establecidos e irregularidades administrativas desde 2015, además de que enfrenta varias denuncias por delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
El abogado Martín Camacho, agregó que Flores accionó irregularmente y con fines políticos en contra de los exlíderes cívicos cruceños, Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo, además de otros líderes cruceños, con quienes tendría una “enemistad manifiesta”.