Después de conocerse el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los hechos violentos en 2019, donde señala que “Casimira Lema es una personalidad pública, periodista, con programas en la televisión, considerada crítica del MAS”, la profesional aclaró que siempre trabajó de manera imparcial.
“Dicen que yo soy una crítica al Movimiento al Socialismo (MAS), y a mí me gustaría explicarles que yo siempre he trabajado de manera imparcial, críticas de un lado y del otro, nunca hacia un solo partido político. Yo solamente cumplo con mi papel de informar, ese es un solo detalle que a mí me hubiese gustado entender el por qué hacen referencia”, dijo Lema en su programa Entre Líneas de radio Compañera.
El informe refiere que el 10 de noviembre de 2019 Casimira Lema se encontraba fuera de su casa cuando se enteró de que los autobuses Pumakatari estaban siendo quemados y decidió volver a su residencia ubicada en las cercanías.
Se reunió con sus hijos en el camino, pero no pudieron llegar a la vivienda porque había bloqueos en el trayecto. Entonces tomó la decisión de quedarse en un hotel con su familia y poco después recibió una llamada en la que le informaban que iban a quemar su casa.
En su testimonio, relató: A las 22:00 horas aproximadamente, cuando se encontraba mi empleada sola en la casa, de pronto vino una cantidad de 30 personas aproximadamente. Con palabras soeces le indicaron que abra la puerta […] Al ver que no se les atendía, estas personas ingresaron a mi domicilio y empezaron a quemar la movilidad de mi esposo, para posterior continuar con los atropellos quemando las cosas que se encontraban en mi propiedad.
La Fiscalía Departamental de La Paz inició una investigación, en la que fueron escuchados vecinos de la víctima, quienes confirmaron el ataque, la destrucción de vidrios y otros bienes, así como la quema de un vehículo y de muebles.
Los testigos resaltaron que los perpetradores huyeron porque sonó una alarma y se preocuparon por la eventual llegada de la policía. Durante la investigación, la Fiscalía empezó a desarrollar una hipótesis de investigación a partir de una factura de servicio público encontrada en el inmueble que no pertenecía a nadie conocido de la familia. Sin embargo, la persona referida en el documento no fue citada ni localizada. Tampoco se hicieron esfuerzos para buscar imágenes de circuitos de cámaras en la cercanía u otras fuentes de información que pudieran servir para identificar a los responsables de los hechos.
El 5 de noviembre de 2020, la Fiscalía emitió una resolución de rechazo del caso, bajo el argumento de que:… pese al esfuerzo por parte del Ministerio Público como el asignado al caso no aportó suficientes elementos de convicción, no obstante, al haberse cumplido los plazos procesales, esta autoridad se ve impedida de dar continuidad a la investigación mas allá de lo determinado por ley, caso contrario implicarla arbitrariedad e ilegalidad (sic).
El GIEI nota que, en los casos de acción penal pública, las autoridades deben impulsar la investigación de oficio, como deber jurídico propio, sin hacer recaer la iniciativa o carga probatoria en las víctimas o en sus familiares. Así, el cierre del caso no puede ser atribuido a la falta de aporte de información por Casimira Lema.
Se observa que, aunque había una línea de investigación abierta, la Fiscalía no la exploró debidamente. Tampoco realizó esfuerzos para recabar otras evidencias pertinentes con una investigación de esa naturaleza.
Se registra que la investigación permaneció abierta por cerca de diez meses con pocos avances y, el 10 de julio de 2020, el tribunal a cargo del caso fijó un plazo de cinco días para la conclusión de la etapa preliminar de investigación.
El GIEI reitera que la exigencia de cumplimento de plazos formales no puede justificar el cierre anticipado de una investigación, especialmente cuando hay medidas pendientes para esclarecer los hechos y definir responsabilidades.
El presente caso tiene similitudes con el de la quema de la casa de Waldo Albarracín. Ambos viven en la zona sur y sufrieron esta violencia la misma noche.
El ataque contra la casa de Casimira Lema tiene señales de haber sido dirigido contra ella por sus labores profesionales, lo que ofende no solamente a su persona, sino que constituye una violación del derecho a la libertad de expresión.
Tiene además un efecto amedrentador para otros periodistas, que busca silenciar voces disidentes. El GIEI recuerda que el Estado tiene una obligación positiva de proteger a quienes están expuestos a un riesgo especial en razón del ejercicio de su profesión.
DATOS
El 25 de noviembre de 2020, la periodista Casimira Lema fue objeto de gritos y hostigamiento cuando intentaba dar su testimonio al GIEI.
En la oportunidad la periodista dijo que no forma parte de ningún partido y que nadie tiene por qué haber perdido a seres queridos, resultado herido o haber quedado sin sus pertenencias. “Nadie tiene por qué sufrir la quema de parte de su hogar”, afirmó.
“Es un trabajo de toda la vida que se ha visto en minutos destrozado, Nosotros, como familia, también tenemos una herida muy grande. Mis hijos son jóvenes y hasta el día de hoy tienen temor de saber de que en algún momento podrían volver a su casa”, manifestó.
Dijo que “Gracias a Dios” no había nadie en su casa, porque decían que querían quemarla viva.
“Yo vengo a pedir justicia también porque lo único que he hecho es cumplir con un trabajo e informar, no he hecho absolutamente nada más”, dijo en la oportunidad.
A gritos, varias personas acusaron a Lema de mentir y de ser una “golpista”, mientras ella trataba de defenderse en medio del bullicio.
Lamentó que la hayan invitado como víctima y, en esta situación, estaba volviendo a ser víctima.