Sin declaratoria de emergencia nacional

Cuando en el año 2019 fueron destruidos aproximadamente 5 millones de hectáreas de bosques, particularmente en el oriente del país, hasta en áreas “protegidas”, cundió la indignación nacional porque fueron afectadas poblaciones nativas e incinerados millones de animales. Lo que causó mayor protesta, entonces, fue la tardanza gubernamental en dar curso a una declaratoria de emergencia nacional, para que se pida ayuda internacional a fin de detener la catástrofe ambiental.
Lamentablemente, entonces las autoridades nacionales se dedicaron a minimizar los daños, a anunciar envío de unos cuantos grupos para combatir el fuego, aunque, en los hechos, resultó una ayuda minúscula, ante la gravedad de los incendios forestales, causados por nacionales y extranjeros, interesados en ampliar la frontera agrícola, plantar coca ilegal, incurrir en tráfico de tierras, extraer minerales, cazar animales, etc.
Hoy, esa inoperancia del Gobierno, que puede ser achacada a su interés por dotar de tierras a sus acólitos, como los interculturales o a grupos empresariales soyeros, cañeros, ganaderos y otros, ha dado como resultado que los incendios forestales en departamentos como Santa Cruz, Beni, Pando y Norte de La Paz se hayan agravado desde hace más o menos tres meses, sin que se haya dado curso a una declaratoria de emergencia nacional, que posibilitaría la llegada de organismos externos, expertos en combatir ese tipo de siniestros.
Lo peor es que el gobierno de turno no atiende a todas las poblaciones que hoy piden desesperadamente colaboración ante las consecuencias del avance de las llamas, como la contaminación atmosférica que causa afecciones pulmonares en niños, jóvenes y adultos mayores. Además, el fuego destruye los pocos bienes materiales que tienen. Sin olvidar que también son afectados voluntarios y comunarios que valientemente se exponen al peligro para tratar de evitar que los incendios lleguen hasta los pueblos circundantes.
Solo una reacción general de la población ante la magnitud del actual desastre ambiental, podría obligar al gobierno de turno a emir un decreto para declarar emergencia nacional ante los incendios forestales. Y es que no se observa voluntad gubernamental para derogar las llamadas “leyes incendiarias” que promueven desmontes y chaqueos sin control, además que establecen multas bajas a quienes se dediquen a iniciar fuegos con intenciones aviesas.
Contrariamente, hace poco la Fundación Tierra, una institución ambientalista, ha denunciado que el gobierno masista ha promulgado un decreto supremo para recortar 224 mil hectáreas en tres zonas de “El Choré”, anulando disposiciones que evitaban asentamientos y titulación de tierras dentro de esta reserva natural. En consecuencia, hasta ahora más de 40 hectáreas han sido mensuradas y desmontadas, mientras están en curso procesos de saneamiento en el lugar.
Una vez más se comprueba que sigue la política de “meterle nomás”, sin que al masismo le importe en realidad el costo de una actitud errática.