Informe de GIEI sustenta pedido de justicia imparcial

El presidente de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB), monseñor Ricardo Centellas, destacó la importancia del informe entregado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para sustentar los constantes pedidos por una justicia imparcial demandada por la población boliviana.
Centellas manifestó que tras la entrega de los resultados sobre investigaciones de hechos de violencia el 2019, en los que se recomienda al Estado boliviano una restructuración del sistema de justicia se confirman los constantes pedidos de la población que denuncia mala administración en este Órgano del Estado.
Sostuvo que existe un notable clamor popular y molestia por parte de la población para que la administración de la justicia goce de mayor credibilidad y transparencia.
“Todos esperamos que se haga justicia, clamamos justicia. Estos informes ayudan para mostrarnos que realmente el pedido que hace el pueblo boliviano no está fuera de lugar”, expresó el arzobispo de la capital del Estado
Sobre los resultados de la investigación en la que se señala que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante los gobiernos de Morales y Añez, Centellas sostuvo que es preciso que se realicen las investigaciones necesarias a fin de establecer responsabilidades y procesar a los causantes de todos los escenarios de violencia vividos en el país.
“Hace falta que se haga justicia mediante una investigación seria para encontrar a los causantes de tantos hechos que han sembrado llanto y dolor en Bolivia”, dijo.
En el informe entregado al Estado boliviano, el pasado 17 de agosto, se confirmó y expresó preocupación por las graves deficiencias en el sistema judicial del país, estas irregularidades vienen siendo denunciadas por la ciudadanía y líderes políticos desde hace ya un tiempo.
“El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes observó la existencia de serias deficiencias del Estado boliviano en garantizar y respetar la independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público, además de debilidades en las capacidades de estas instituciones para garantizar la debida diligencia y el debido proceso en sus actuaciones”, señala parte de las conclusiones del informe entregado por el GIEI.