Productores y comunarios del Beni exigen la inmediata abrogación de la Ley 741 y otras similares al ser normativas que promueven los chaqueos e incendios forestales para la expansión agrícola; varios sectores de productores campesinos del oriente hicieron un llamado al Gobierno a adoptar políticas de sostenibilidad y protección del medioambiente.
Tras declararse en emergencia, varios productores de la Amazonía hicieron un clamoroso pedido de abrogación de las leyes que fomentan la quema indiscriminada de tierras rurales, las cuales “continúan dañando el medioambiente y poniendo en peligro la salud y el bienestar de los bolivianos”, según se lee en su pronunciamiento.
En conferencia de prensa, el presidente de la Federación Departamental de Asociaciones de Productores Recolectores, Transformadores y Comercializadores de Productos de la Amazonía del Beni (Fedapa-Beni), Francisco Cuadiai, lamentó que el Gobierno no haya brindado “ningún apoyo” a su comunidad y haya permitido que millones de hectáreas hayan sido destruidas.
Cuadiai, en compañía del dirigente de la Federación de Campesinos de Riberalta, Gabino Álvarez, y el presidente de la asociación de productores amazónicos de copoazú, Cristian Noco, se sumó al pedido de abrogar las leyes incendiarias, especialmente las Leyes 741 y 1171 que autorizan el desmonte en predios rurales e imponen una multa única por incendiar centenares de hectáreas.
Como algunas medidas de prevención a objeto de contrarrestar los daños ocasionados, el sector propuso implementar un monitoreo climático y sistemas de alerta temprana con recopilación de datos meteorológicos en tiempo real; prácticas agrícolas resilientes como la agroforestería, diversificación de cultivos, uso eficiente del agua o regeneración de suelos; desarrollo de seguros agroforestales, para proteger a pequeños productores; y la diversificación de actividades económicas como el ecoturismo, venta de productos alternativos y el manejo sostenible de recursos naturales, entre otros.
Según expertos ambientalistas, existen al menos ocho leyes incendiarias y que suponen un “perdonazo” a las quemas y desmontes con multas ínfimas, entre ellas: la Ley 337, de enero de 2013, de tratamiento excepcional para el tratamiento y desmontes de predios (ampliada con la Ley 502); la Ley 741, de septiembre de 2015, que autoriza desmontes de hasta 20 hectáreas en propiedades pequeñas; la Ley 1171, de abril de 2019, de lineamientos de manejo integral de fuego en territorio nacional, que otorga un perdón en el pago de multas.
En tanto, existen otras normativas vigentes como el Decreto Supremo 3973, que autoriza el desmonte en bosques para actividad agropecuaria en Santa Cruz y Beni (ampliada con DS 26075); y la Ley 1098, que promueve la ampliación de cultivos para etanol y biodiésel.