Alegando irresponsabilidad de las autoridades en tres niveles del Estado al no prevenir el desastre ambiental que flagela al país, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentó ayer una Acción Popular ante el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, en contra tres ministros de Estado, tres gobernadores y doce alcaldes municipales.
“Nuestra casa se está quemando por la irresponsabilidad de aquellos que debieron adoptar las medidas preventivas necesarias en su oportunidad. En esta acción popular, en ejercicio de nuestro mandato constitucional, la Defensoría del Pueblo está reclamando esa situación”, aseveró Callisaya.
Amparándose en antecedentes de otras gestiones, la Acción menciona que la gravedad de los eventos actuales era claramente previsible: “ninguno de los niveles estatales ha obrado conforme manda la norma, en la medida en que, si hubieran cumplido sus deberes en lo que respecta a prevenir con alertas tempranas, el escenario actual no sería así de desfavorable”.
Los ministros accionados son Alan Lisperguer (Medio Ambiente y Agua), María Renée Castro Cusicanqui (Salud) y Marcelo Montenegro (Economía y Finanzas Públicas). En tanto, los gobernadores a ser citados son Mario Aguilera (Santa Cruz, en suplencia), José Alejandro Unzueta (Beni) y Regis Germán Richter (Pando).
En tanto, los ediles accionados pertenecen a los municipios de San Matías, San Ignacio de Velasco, San Rafael, San José de Chiquitos, Concepción, San Antonio de Lomerío, San Ramón, Puerto Suárez, Roboré, San Miguel, Ascensión de Guarayos y Puerto Quijarro.
Dicha medida acusa a las por provocar una situación “altamente lesiva de derechos” y por desnudar una falta de prevención, previsión y reacción efectiva frente a la crítica situación ambiental que flagela a la nación.
También se pide atención a las áreas protegidas y parques nacionales que resultaron seriamente afectados en el oriente boliviano. En otra solicitud, la Defensoría aboga por los indígenas desplazados por los incendios, para que puedan retornar a su lugar de vivienda.
Con esta Acción, Calisaya manifestó que se dio una oportunidad al Estado de realizar todas las acciones necesarias para precautelar los derechos en el contexto de los incendios y así redimir el daño ocasionado a la biodiversidad y el ecosistema. (Con información de Erbol y Brújula Digital)