Promocionan la expulsión de Almagro

El Gobierno y la Cancillería tienen bajo su mira al secretario general de la OEA, Luis Almagro. El origen de esta fijación es el informe/auditoría sobre la fallida elección 2019, documento que anota graves “irregularidades” de ese proceso. La primera reacción oficial fue advertir al personaje internacional de someterlo a juicio, tachando a la vez el informe por carecer de evidencias. El Gobierno le restó eficacia sin tener en cuenta que los delegados por el organismo son expertos calificados en este tipo de actuaciones y de conducta imparcial. Esta supervisión electoral fue requerida por el propio entonces presidente Evo Morales, y el canciller Diego Pary comprometió sus resultados como vinculantes.
El Gobierno boliviano y la Cancillería desconocen ese acuerdo y consideran mentiroso el informe sobre la verdad de los resultados favorables a los candidatos oficialistas de esa oportunidad. Es más, califican a la OEA de complicidad con el “golpe de Estado” y de facilitar la versión de “fraude”. Ante tal aseveración acusatoria, Luis Almagro ratificó las “irregularidades” que rodearon al evento, confirmó la validez de la auditoría, denunciando la elección de 2019 como la “peor” del continente comparativamente.
La réplica oficial consiste en solicitar la censura de Almagro por su injerencia en Bolivia y pedir su expulsión del cargo, peticiones que expondrá Héctor Arce en el Consejo Permanente del organismo, en su calidad de representante boliviano. El Consejo es conformado por representantes de los 35 países miembros. Expertos en política internacional restan eficacia a esta solicitud y queja, prediciendo que simplemente se la escuchará para pasar como un testimonio y antecedente en los anales de la OEA. Si algún caso histórico precedente se hubiere dado, será muy raro.
Para el efecto es probable que la denuncia encuentre respaldo de Venezuela, Nicaragua, tal vez Honduras, además de México y otros estados peninsulares del Caribe. Su presidente Manuel López Obrador ha venido propalando la caducidad del organismo interamericano y ser un instrumento del imperialismo. Bolivia y México comparten a plenitud este extremo. Diputados y senadores oficialistas y algunos personeros de Ejecutivo coinciden en que el reiterado informe se limita a enunciar supuestas “irregularidades” y en ningún momento menciona el término “fraude”. En el lenguaje diplomático no es usual emplear expresiones directas ni adjetivaciones, por discreción y natural cautela, sin que ello haga perder eficacia y contundencia a los contenidos documentales.