Es desgarrador ver animales carbonizados por los incendiarios que asolan el territorio nacional, sobre todo en el oriente boliviano, los Yungas paceños, y otros sitios. La población trata de contener la rabia que le causa tal atentado contra el país, como nunca antes había sucedido. Se pregunta el ciudadano quiénes son los autores materiales e intelectuales de semejante acción criminal contra la madre tierra. También protesta por la falta de una contundente acción contra los incendiarios por parte de las autoridades de todo nivel del país. El silencio casi sepulcral en esos ámbitos, y el dilema que agobia al poblador boliviano, son característicos de este tiempo, ante tan dantesco abuso contra la naturaleza y la colectividad nacional.
Y llama poderosamente la atención de bastantes prójimos un informe sobre estos incendios, elaborado por un experto en la materia, que se identifica como Stasiek Czaplicki Cabezas. En una reveladora nota de la Revista Nómadas, con el título “¿Cómo y quiénes financian la deforestación y destrucción de los bosques en Bolivia?, Czaplicki dice: un reciente estudio revela que el 10,8% de los ahorros de los bolivianos, manejados por los fondos de pensiones, están invertidos en sectores directamente responsables de la deforestación en Bolivia. Esta inversión, que alcanza los 2.569 millones de dólares, pondría en riesgo tanto los ahorros para la jubilación como el futuro ambiental del país. Para ponerlo en perspectiva, equivale a 2,6 veces a los gastos del 2024 de todas las Universidades Públicas del país.
La nota es extensa, muy interesante, y en partes sobresalientes explica que Bolivia enfrenta una crisis de destrucción de sus bosques y otros ecosistemas, sin precedentes. En 2023, según Mapbiomas Bolivia, se perdieron casi 643.455 hectáreas de ecosistemas no boscosos, lo que constituye más del doble de las estimaciones anteriores y es un nuevo récord para el país. Puntualiza: “estos números no son meras estadísticas, representan la destrucción irreversible de ecosistema vitales, la conversión de tierras forestales en activos comerciales y financieros, y el acaparamiento masivo de tierras, exacerbando la inequidad rural, acelerando la crisis ecológica y climática”.
Enfatiza en otra parte que “la deforestación no es principalmente resultado de incendios forestales. Por el contrario, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios. Se trata de una operación industrial a gran escala que requiere inversiones sustanciales y acceso a capital significativo, tanto agrario (tierras), como operativo y financiero”. Añade: “el costo de esta destrucción es asombroso, pues en el año 2022 la deforestación con maquinaria podría haber alcanzado entre 75 y 95 millones de dólares. También devela que nuestros propios ahorros bancarios, nuestros aportes a nuestra jubilación, financian la destrucción de los bosques, con inversiones de los fondos de pensiones de la suma astronómica de 2.569 millones de dólares, canalizados hacia los sectores soyero, ganadero y azucarero, los principales responsables de la deforestación en el país”. Está enterado, amigo lector y el criterio es suyo: no dejan de ser tétricos incendiarios y deforestadores. Dios salve a Bolivia.
www.dafoheradio.online