Los expertos estuvieron en diferentes partes del país, desde el 17 de agosto hasta ayer, para dar a conocer el informe final del trabajo de investigación sobre los hechos ocurridos entre septiembre a diciembre de 2019.
En un acto desarrollado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Patricia Tappatá y Marlon Weichert, a nombre del GIEI, ponderaron el compromiso del gobierno del presidente Luis Arce para implementar las cerca de 30 recomendaciones que hicieron producto de la investigación.
Tappatá hizo mención al racismo y lo consideró como un problema que atraviesa “la totalidad de la realidad boliviana”, en ese marco, recordó que se sugirió la implementación de una cumbre para abordar ese tema además del derecho a la protesta, libertad de expresión y la convivencia de visiones plurales.
“Ojalá sea también un tema para generar progresos y ponerse de acuerdo en cuáles son las maneras pacíficas y los límites de protestas como una forma legítima de obtener la solución a reclamos y a la vez como hacemos que no haya consecuencias letales ni pérdidas de vida”, dijo.
En el documento presentado por el GIEI se demostró que entre septiembre y diciembre de 2019 hubo “graves violaciones a los derechos humanos”. Con relación a los hechos de Senkata y Sacaba, donde perdieron la vida cerca de 20 personas, fue calificada como “masacres”. (Erbol)