Un rechazo categórico acaba de sufrir el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Juan Flores, del gabinete del presidente Luis Arce Catacora, cuando la Cámara de Diputados no dio curso a una solicitud para desbloquear un crédito de 40 millones de dólares, para el “Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable”, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Es decir, dinero que sería destinado a gastos burocráticos e inútiles del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), organismo que ya gastó millones de dólares sin que pueda evitar la aniquilación de la agricultura del país y que el pueblo boliviano quede casi sin alimentos propios.
La Cámara de Diputados comprendió que el INRA debería concluir el saneamiento de tierra en diez años y con 30 millones de dólares, pero pasaron cerca de cuarenta años y ese Instituto solo pudo avanzar con nuevos financiamientos y ahora pide otros 40 millones, cuando sus necesidades pueden ser financiadas con su prepuesto actual.
Por otro lado, el INRA no ha tenido el menor éxito con el saneamiento de tierras y más bien perjudicó la economía agraria con una medida reaccionaria, falsa. Y es que el llamado saneamiento de tierras ha sido inútil para la agricultura, así como no se ha pasado a la etapa de una moderna distribución de ese recurso para mejorar el agro.
De otro lado, el INRA, que depende del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, también es culpable de aplicar a los campesinos la prohibición a la venta de tierras, lo que ha significado quitarles su derecho de propiedad sobre el recurso que les dotó la reforma agraria de 1953. Dicha entidad careció de iniciativa para modificar esa medida, complicándose con la política agraria feudal del régimen de Evo Morales.
A esa errada política agraria se estaba sumando el pedido en la Asamblea Legislativa para “descongelar” un crédito de 40 millones de dólares, el mismo que endeudaría más aún al país y sería para fines burocráticos. Sin verdaderas soluciones, la agricultura se paraliza más y aumenta la necesidad de alimentos del pueblo, lo que incentiva el ingreso de productos mediante el contrabando.
Ha procedido atinadamente la Cámara de diputados al rechazar el pedido ministerial para la aprobación de un nuevo crédito externo, sin que se tenga certeza de que servirá para mejorar la política agraria dominante, por lo que seguirá el proceso de atraso a que ha sido condenada la agricultura nacional.
En todo caso, el ministro Flores deberá explicar en detalle y con respaldo su solicitud ante la Asamblea Legislativa, si no quiere ser cómplice del fracaso del plan de Seguridad Alimentaria y ser objeto de juicio de responsabilidades cuando se instaure un nuevo gobierno.
Contundente rechazo a crédito para el INRA
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