A más de cuatro millones de hectáreas consumidas por el fuego en Bolivia, principalmente en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, el Gobierno hasta el momento no declara desastre nacional, ante lo cual la ciudadanía se pregunta hasta dónde más debe afectar el fuego que cada día que pasa se hace más difícil de controlar.
La gestión gubernamental para sofocar los incendios forestales se encuentra sumida en una polémica que deja más preguntas que respuestas. A pesar de la evidente gravedad de la situación, el Gobierno ha mostrado reticencia para declarar un desastre nacional, limitándose a una «emergencia nacional» decretada el 7 de septiembre.
Esta medida, aunque útil para la gestión interna de recursos, sigue siendo insuficiente para afrontar la magnitud del desastre que afecta no solo a los bosques, sino también a miles de animales silvestres y a las comunidades locales.
El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, ha señalado que la declaratoria de desastre nacional está “en análisis”, mientras las llamas continúan avanzando y miles de hectáreas siguen siendo arrasadas. Pero, la ciudadanía se cuestiona sobre ¿qué más debe suceder para que el Gobierno tome medidas más contundentes?
Durante los actos conmemorativos de los 214 años de la gesta libertaria de Santa Cruz, Mario Aguilera, gobernador en funciones de este departamento, hizo un llamado urgente al Gobierno central para que declare desastre nacional. Argumentó que esto permitiría la llegada de un apoyo internacional más robusto y rápido, además de la importación de equipos especializados que hoy son críticos para la sofocación de incendios. Sin embargo, las autoridades nacionales parecen mostrar más interés en las formalidades administrativas que en dar una respuesta efectiva ante esta crisis.
La activista medioambiental, Jhanisse Vaca, subrayó que, aunque la declaratoria de emergencia nacional permite movilizar ciertos fondos, no facilita la entrada rápida de donaciones y equipos extranjeros, debido a las restricciones aduaneras que solo pueden flexibilizarse con la declaratoria de desastre.
En este sentido, la falta de acción efectiva parece reflejar una preocupante incapacidad administrativa del Gobierno para enfrentar el desastre en su verdadera dimensión.
Mientras tanto, los municipios afectados, como San Rafael de Velasco, denuncian la falta de apoyo y la ineficiencia en la gestión de la crisis, a pesar de los intentos del Gobierno por deslegitimar estas quejas tildándolas de “intereses político-partidarios”.
El costo ecológico y social es incalculable. El alcalde de San Rafael de Velasco, Jorge Vargas, el pasado martes expresó entre lágrimas su desesperación por la falta de ayuda. La impotencia ante la destrucción de los bosques es palpable en cada rincón afectado, mientras los esfuerzos locales parecen minúsculos frente a la magnitud de la tragedia.
La gran pregunta que surge es: ¿Cuántos miles de hectáreas más deben quemarse, cuántas más especies deben perecer, y cuántas comunidades deben verse despojadas de sus tierras y medios de vida antes de que se reconozca la gravedad de la situación?
De acuerdo con expertos medioambientalistas la declaratoria de desastre nacional no es solo una formalidad; es una herramienta crucial que permitiría abrir las puertas a un apoyo internacional más directo y menos burocrático, incluyendo donaciones y equipos especializados, esto no solo aceleraría la respuesta inmediata, sino que también permitiría mitigar de manera más efectiva las consecuencias devastadoras de los incendios a largo plazo.
En lugar de prolongar el debate burocrático, el Gobierno debe priorizar el bienestar de sus ciudadanos y su medio ambiente, permitiendo que la ayuda fluya sin trabas. De lo contrario, la historia recordará esta tragedia no solo por el fuego que consumió millones de hectáreas, sino también por la inacción de quienes pudieron hacer más y no lo hicieron.