Ante el problema serio del rápido crecimiento de ciberdelitos y estafas a través de métodos de pago como códigos QR, el abogado experto en Derecho Informático, Ariel Agramont, consideró que un desafío para la próxima gestión de la Fiscalía es la formación especializada de fiscales y policías en este ámbito, por lo que sugirió la creación de una División de Cibercrimen en el Ministerio Público.
En su último informe, el Banco Central de Bolivia (BCB) señaló que se registró un notable incremento de operaciones con activos virtuales en el país, luego de la liberación de restricciones para esta actividad en Bolivia, llegando a un 141% más de transacciones realizadas respecto al semestre anterior.
En palabras del experto: “El comercio electrónico aumentó con la pandemia, las personas encontraron en formas de pago, como el QR, una manera veloz de hacer negocios. En el escenario actual, tenemos crisis económica, falta de dólares y necesidad de buscar empleo, entonces esto provoca que las ciberestafas sean más evidentes”.
Sin embargo, en los últimos meses se ha registrado también un incremento paralelo en las extorsiones, estafas y robos cometidos en el mundo digital, a través de criptomonedas, billeteras móviles y métodos de pago como los códigos de respuesta rápida o QR (“quick response” en inglés).
EL DIARIO pudo constatar un aumento de noticias y casos reportados en varios medios; hace varias semanas, incluso, un diputado nacional fue víctima de una estafa por redes sociales, donde más de Bs 20.000 fueron sustraídos de sus contactos cercanos.
Aunque no se tiene un conteo actualizado sobre la cantidad de denuncias que llegan al día a la Policía, fuentes de la División de Cibercrimen de La Paz señalan que reciben entre dos a tres denuncias cada jornada. Sin embargo, Agramont advierte que el número de casos sería mucho más alto.
“Tenemos muchas más de las que imaginamos. En este segundo semestre hay sumas enormes y casos, tanto por criptoactivos y por QR (…) es muy difícil (contabilizarlos) porque mucha gente que se hace robar por celular o QR no hace la denuncia respectiva, entonces no podemos dimensionar realmente la cantidad de casos”, señaló en declaraciones a EL DIARIO.
Además de la liberación de restricciones para operar con criptoactivos que supuso un aumento de los ciberdelitos, Agramont explicó que los ciberdelincuentes se mantienen actualizados y buscan constantemente nuevos modos operandi, mientras que la población no tiene conocimiento y no se actualiza a la par.
El caso más emblemático fue el de la red internacional de ciberestafa en Santa Cruz, que operaba como un centro de llamadas en un edificio antiguo de la capital cruceña. En esta operación se logró desmantelar una gran cantidad de ciberdelincuentes con ayuda de la Policía y la Fiscalía, recordó el jurista.
Agramont agregó que otros obstáculos para el avance de las investigaciones de ciberdelitos son la falta de regulación del sistema financiero a cuentas bancarias y las barreras en la investigación penal en este tipo de actividades ilícitas.
¿CÓMO OPERAN?
Según Agramont, el modus operandi de las estafas por QR varían: puede llegar un mensaje de oportunidad laboral o invitación a trabajar de manera remota, haciendo clics, siguiendo páginas y recibiendo pagos pequeños al inicio, con lo que se gana la confianza de la víctima.
Los estafadores instruyen a seguir canales o perfiles en redes sociales para dar “likes” donde se indique, luego piden mandar capturas mostrando las tareas asignadas, hasta obtener los primeros pagos por QR. “Al principio se gana montos pequeños, y a la tercera o cuarta vez, le ofrecen una inversión, para la que tiene que pagar unos Bs 500, entonces se convierte en trabajo mezclado con inversión”, explicó a este medio impreso.
Con la confianza depositada, “la persona hace las inversiones, paga al QR y lo hacen recurrente, hacen que trabajes por 50 pesitos y al mismo tiempo te piden una inversión. Entonces logras cierto rendimiento, pero luego de que depositas mucho dinero como Bs 2.000 o Bs 5.000, desaparecen e inventan cosas para que uno siga invirtiendo. Juegan con la ambición y la necesidad económica, entonces uno accede a esto”, detalló el abogado a EL DIARIO.
Asimismo, informó que con los criptoactivos pasa lo mismo: hay muchas personas que tienen intención de comprarlos, entonces hace la compra por cuentas no verificadas y no recibe el dinero. “En estos momentos es más crítico, es enorme el tráfico de criptoactivos”.
¿SOLUCIONES?
Para Agramont, la norma vigente no puede resolver todo, considerando además que el BCB decidió levantar las prohibiciones sobre activos virtuales porque ve que es un éxito, ya que permite a la gente participar en inversiones de manera remota.
En ese sentido, considera que la formación y educación en ciberseguridad son la respuesta: “Las personas no tienen por qué dar sus datos bancarios a desconocidos, por Telegram o WhatsApp. Es un tema de educación digital, más que por regulación del Estado”.
Además, señala, “creo que es importante reforzar la formación de fiscales y policías para investigar estos hechos, para lo que se requiere de convenios con instituciones, mecanismos adecuados y una ventana de atención rápida, temas que seguramente serán desafíos para el nuevo Ministerio Público”.
El entrevistado agregó que urge una formación especializada y la creación de una nueva División de Cibercrimen en la Fiscalía, para que ésta coordine trabajos con la ya existente de la Policía: “Hay delitos importantes que investigar, pero el cibercrimen es transversal, por lo que necesitamos fiscales formados para atender casos, de otra manera estamos frente a un problema serio. La Fiscalía debe abrir división especializada”.
Ariel Agramont es abogado especialista en Derecho Informático dirige la Academia Boliviana de Derecho e Informática (ABDI), una iniciativa que busca brindar asesoría legal y formación gratuita en temas de cibercrimen a todas la ciudadanía. La ABDI lleva a cabo varios eventos de interés durante el segundo semestre del año.