A pesar de que la mayoría de la población ha pedido, desde hace semanas, al gobierno de turno que haga la declaratoria de desastre nacional ante la magnitud de los incendios forestales en el oriente y norte del país, desde el oficialismo se prefirió demandar la aprobación de créditos externos en la Asamblea Legislativa para enfrentar el siniestro. De esta manera, una vez más se comprobó que la frase rimbombante de que “se gobierna escuchando al pueblo” es falsa.
La realidad es que, desde hace más de tres meses, el fuego intenso ha destruido más de siete millones de hectáreas de pajonales y bosques en el oriente boliviano, sin que valientes bomberos, voluntarios y comunarios, con escaso apoyo gubernamental, hayan podido detener el avance de las llamas. Por ello se pidió la declaratoria de desastre nacional, reconociendo, en primer lugar, que el gobierno nacional no tiene capacidad para enfrentar semejante devastación.
Y no obstante que autoridades manifestaron que la ayuda internacional que está llegando no aumentará con dicha declaratoria, no se notó verdadera voluntad para, por lo menos, tratar de solucionar tan grave problema, por lo que se mantuvo la sospecha de que prevalece el interés de apoyar la incursión de partidarios del masismo a parques nacionales para ampliar la frontera agrícola, traficar con tierras, extraer recursos naturales, etc.
También se advirtió insensibilidad gubernamental ante el sufrimiento de pueblos nativos que por el fuego pierden su hábitat natural y se ven obligados a migrar con destino incierto. Pero las consecuencias también las padecen inclusive las ciudades, donde la humareda puede causar enfermedades en sus habitantes. Asimismo, no se puede olvidar que enormes zonas quedarán sin vegetación, por lo que se prevé que en un futuro próximo pueden surgir, con mayor frecuencia e intensidad, temporadas de sequía y escasez de alimentos.
Como se advierte, no actuar oportunamente para detener tal catástrofe ambiental implica negligencia e irresponsabilidad, por lo que se hace indispensable una investigación, nacional e internacional, para determinar las causas y sancionar a los culpables de quemas tan horrendas. Lo insólito es que desde el sector de los interculturales han surgido declaraciones para echar la culpa de los incendios a los agroindustriales, pero no se puede negar que esos colonos entran a áreas protegidas y ya no quieren salir, confiando seguramente en que son afines al masismo.
Finalmente, los incendios forestales se van repitiendo de manera alarmante en los últimos años, sin que el partido gobernante, el MAS, hubiera asumido medidas efectivas y a tiempo para detener la deforestación en el oriente y norte del país. Solo se explica tal indolencia por un afán de seguir con una política extractivista para beneficiar principalmente a los adeptos al partido azul. Mientras tanto, el país arde y se lo distrae con marchas aparatosas, supuestamente para “salvar a Bolivia”.