Las desapariciones forzadas «continúan agravándose» en Nicaragua, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas. Organismo que, hasta septiembre de 2024, reconocía nueve personas desaparecidas, entre ellas el exdiputado indígena, Brooklyn Rivera, el opositor Jaime Navarrete Blandón y la periodista Fabiola Tercero Castro.
Otras personas en «desaparición forzada» son: Eddie Moisés Gonzáles Valdivia, Gerson Antonio Zeledón Motta, Carmen María Sáenz Martínez, Lesbia Gutiérrez Poveda, Evelin Carolina Matus Hernández, y Domingo Antonio Munguía Carrión.
En todos estos casos, los familiares no pudieron ver a sus seres queridos durante meses y no pudieron verificar ni su paradero ni su estado de salud, destaca el Monitoreo en su lista de 45 personas presas políticas actualizada hasta el 25 de septiembre 2024.
«El régimen de Nicaragua continúa utilizando la desaparición forzada como una estrategia para castigar a sus opositores. Un claro ejemplo de esta práctica es la situación de las personas detenidas a las que se les niega el derecho a recibir visitas durante períodos prolongados, que van de tres, seis y hasta nueve meses. Estas restricciones no solo buscan aislar a los presos políticos, sino también infligir un castigo psicológico a sus familias», enfatizaron.
Agregaron que este tipo de actos constituyen una grave violación de derechos humanos, en particular el derecho a no ser sometido a desaparición forzada, y responsabiliza al Estado por cualquier daño que pudiera sufrir estas personas.
«Este patrón no solo afecta a las víctimas directas, sino que genera un clima de miedo e incertidumbre en toda la sociedad», subrayaron.
Las nueve personas en «desaparición forzada» forman parte de las 45 personas que el Mecanismo identifica como presos por razones políticas en Nicaragua, a pesar que, en la mayoría de los casos, su detención no fue confirmada por las autoridades del régimen.
La lista de presos políticos también incluye guardabosques, líderes indígenas, opositores políticos, laicos religiosos y trabajadores del Estado.
SE ENSAÑAN CON FAMILIARES
El Monitoreo también advierte que en las últimas semanas la dictadura se «ensañaron» con los familiares de las personas presas políticas que fueron desterradas, aumentando el control social, hostigamiento y las amenazas de confiscación de propiedades en Nicaragua.
En septiembre de 2024, el régimen de, Daniel Ortega y Rosario Murillo, desterró a Guatemala a 135 presos políticos excarcelados «en un acto que refleja la estrategia del Gobierno de utilizar estas medidas como una forma de castigo político extremo», se lee en el informe.
Tras la excarcelación y destierro de los presos políticos, el Monitoreo recibió información sobre amenazas y hostigamientos hacia sus familiares en el país, «lo que evidencia una estrategia de control y violencia que se intensificaron en los últimos años», señalaron.
Los nicaragüenses «no solo se enfrentan a detenciones arbitrarias y largos periodos de prisión, sino que, una vez desterradas, desnacionalizadas y con el riesgo inminente de confiscación de sus bienes, estas personas continúan siendo víctimas de amenazas y actos de intimidación por parte de la Policía y las autoridades, vulnerando gravemente sus derechos», subrayaron.
El destierro y desnacionalización constituyen graves violaciones a los derechos humanos. debido a que contravienen principios del derecho internacional, incluidos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el tratado contra la apatridia.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), condenaron estas medidas como crímenes de lesa humanidad, destacando que se utilizaron sistemáticamente para silenciar a la oposición política. (El Confidencial)